¿Ampliación gubernamental?
Florentino Peralta
07-22-2019
La intentona de extender inconstitucionalmente el periodo de gobierno en Baja California parece haber fracasado, luego que encumbrados miembros de la propia #4T se manifestaron contra ese albazo orquestado por el gobernador electo, Javier Bonilla Valdez con la complicidad de 21 legisladores locales.
Tuvo que ser el presidente de la Cámara de diputados federal, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega quien amagara con desaparecer los poderes en aquella entidad para que uno a uno de los notables transformadores se sumaran al rechazo, hasta forzar el pronunciamiento del presidente de México.
Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo ayer nuevamente en Huejutla, Hidalgo, tuvo que responder en su oportunidad que lo ocurrido en aquella entidad norteña era inapropiado, que era antidemocrático. En tanto, algunos operadores buscaron desmarcarlo de esa maniobra emanada de su correligionario.
Falta ejecutar el andamiaje legal para revertir esa ampliación, de dos a cinco años de gestión, y que en el camino no ocurra algún golpe de timón. Sin embargo, el tema sembró expectativa en Hidalgo, donde se prepara una reforma constitucional que incluirá la modificación en la temporalidad del próximo mandato.
La reyerta bajacaliforniana dio pie a nuevos pronunciamientos dentro del proceso hidalguense, donde Morena plantea un mandato de dos años y el resto de los partidos políticos se pronuncian por cinco años, al igual que el gobernador, Omar Fayad Meneses que rechaza e ironiza la mencionada propuesta bianual.
Durante el festejo con motivo del Día del Abogado, el mandatario aprovechó el foro para manifestarse contra la pretendida gubernatura de dos años y sugerir a cambio alargar su gestión, ya que solamente estarían añadiendo 24 meses a su mandato y sin tener que gastar millones de pesos en una elección.
ALETARGADOS
En Hidalgo, los diputados locales continúan aplazando la discusión de la reforma electoral, que debería considerar como columna vertebral la propuesta elaborada por los partidos políticos, quienes pidieron adelantar un mes el inicio del proceso para renovar ayuntamientos, pero con este letargo queda prácticamente eliminada esa idea para dar paso a otras, quizá igual de absurdas e inconstitucionales que la iniciativa presentada por Roxana Montealegre para sancionar económicamente a los electores que no voten, medida coercitiva que no contempla la realidad social de jornaleros, regadores, guardias médicas rurales, discapacitados, entre otros.
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