Caso Rosaura: Ministerio Público sí se opuso a liberación de Marco Antonio “N”
- Redacción
- 10 feb
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Actualizado: 10 feb
El Ministerio Público sí se opuso a las medidas cautelares dictadas por la jueza, Janett Montiel, en el caso Rosaura que derivó en el multihomicidio de Azoyatla.
Redacción
El Ministerio Público sí se opuso a las medidas cautelares dictadas por la jueza, Janett Montiel Mendoza, en el caso del multihomicidio de Azoyatla, Mineral de la Reforma, donde fueron asesinados Rosaura, su madre y un hermano.
En contraposición a lo dicho por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo, Rebeca Aladro, el encargo de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, Francisco Fernández Hasbun, afirmó que sí hubo una inconformidad.
Abordado por representantes de los medios de comunicación, en el marco de la ceremonia denominada Lunes Cívico, en plaza Juárez de Pachuca, el funcionario declaró lo anterior y pidió comprensión y respeto ante este delicado tema.
Marco Antonio “N” estaba en prisión preventiva tras ser acusado, inicialmente, de atacar a Rosaura, pero la jueza, Janett Montiel Mendoza, modificó la medida cautelar y lo dejó en libertad, posteriormente el sujeto mató a Rosaura y sus familiares.
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“SÍ SE OPUSO”
“Soy muy respetuoso de lo que diga la presidenta (Aladro), no emito comentarios. Como te vuelvo a repetir, verifiqué la actuación del Ministerio Público y siempre fue pro víctima; todo está videograbado; sí se opuso el Ministerio Público”.
Lo anterior, porque ante los reclamos ciudadanos en el marco de la llamada Jornada por la Paz, efectuada en Mineral de la Reforma al día siguiente del doble feminicidio y homicidio, la magistrada descargó la culpa en la PGJEH y la víctima.
“Lo que se dice, ‘es que el juez lo dejó salir’. No, señores, el juez no otorga una libertad si no se está solicitando esta suspensión condicional, suspensión que no es petición del juez, sino del Ministerio Público”, descargó molesta.
La aspirante a ministra de la SCJN, y mencionada como probable candidata de Morena al gobierno de Hidalgo para 2028, dijo que "ni la víctima ni el Ministerio Público objetaron la suspensión condicional y la jueza no tuvo otra opción".
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