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Desalojo o recuperación, ¿qué está pasando con el inmueble de la Fundación Arturo Herrera Cabañas?

  • hace 3 días
  • 2 Min. de lectura

Miembros de un colectivo cultural promueven un amparo tras el anuncio de la terminación de su contrato de comodato y Gobierno del estado responde a señalamientos en redes de parte de Fundación Arturo Herrera Cabañas.



Redacción


Este sábado 18 de abril, el Gobierno del Estado de Hidalgo emitió una postura oficial respecto a la situación jurídica del inmueble ubicado en el Centro Histórico de la capital, el cual fue ocupado durante las últimas tres décadas por la Fundación Arturo Herrera Cabañas. 


La administración estatal sostuvo que la acción emprendida no representa un desalojo arbitrario, sino una "recuperación legal e institucional" orientada a garantizar el acceso universal a los bienes culturales, situando el interés público por encima de los acuerdos con asociaciones privadas.


El inmueble en cuestión, propiedad del patrimonio estatal, permaneció bajo el control de la Fundación Arturo Herrera Cabañas mediante un esquema de comodato que fue ampliado en marzo de 2022 durante la administración anterior. 


Dicho contrato, identificado como OM-DGPI-CC/101/2022, establecía una vigencia hasta el año 2042 con posibilidades de prórroga, lo que, a juicio del actual gobierno, configuró un esquema injustificado a largo plazo sobre un espacio de alto valor simbólico para Pachuca.



Fundación Arturo Herrera Cabañas hace una denuncia pública


La respuesta gubernamental surgió tras la denuncia pública realizada el pasado viernes por los directivos de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, quienes acusaron un intento de desalojo que vulnera su trayectoria de 32 años en la promoción del arte y los derechos humanos. 


La asociación destacó que rescataron el edificio del abandono absoluto tras el huracán Pauline y que en sus salas se expusieron obras de maestros como Tamayo y Martínez. Sin embargo, el Estado argumentó que, sin una institucionalización formal, el espacio en Pachuca corría el riesgo de subutilización y deterioro operativo.


Por su parte, la Fundación Arturo Herrera Cabañas defendió su autonomía, señalando que resguardan más de 40,000 libros y archivos históricos de personajes fundamentales para la vida pública del estado. 



Ante el señalamiento de que la operación de una barra de café dentro del recinto constituía un fin de lucro indebido, la organización civil aclaró que dichos fondos se destinaron íntegramente a sus actividades culturales gratuitas en Pachuca.


La controversia escaló al plano judicial, ya que la Fundación Arturo Herrera Cabañas solicitó un amparo para frenar la diligencia, acusando violaciones al artículo 14 constitucional. 


Mientras la asociación asegura que "seguirán de pie" buscando nuevas formas de servicio, el Gobierno del Estado reiteró que la recuperación es un mandato para devolver a la sociedad aquellos bienes comprometidos en condiciones desventajosas.



Autoridades aseguran que el recinto dejará de ser un espacio estático y se convertirá en un proyecto público abierto a toda la comunidad artística de Pachuca, incluyendo a los anteriores ocupantes, bajo un nuevo orden legal.


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