El PT señala a magistrada de fabricar vacíos legales en caso de Hernández Dañu
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Representantes anunciaron que solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de Edgar Hernández Dañu.
Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) emitió este sábado 18 de abril un posicionamiento en el que denunció una "violación sistemática al debido proceso" en el caso de su compañero, Édgar Hernández Dañu. El partido acusa a las autoridades locales de operar un aparato de venganza política que lesiona el Estado de derecho.
A través de un documento dirigido a la opinión pública, el PT rechazó la existencia de una probable colusión entre el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia (PGJEH).
Según los diputados, estas instituciones han implementado maniobras dilatorias para prolongar de manera indebida la privación de la libertad de Édgar Hernández Dañu. La denuncia señala directamente a la magistrada María Brasilia Escalante Richards, a quien acusan de fabricar vacíos legales para ejecutar reingresos ilegales al centro penitenciario.
Desacato federal y el "albazo" de abril
El PT expone presunto desacato a una suspensión definitiva de amparo. De acuerdo con el grupo parlamentario, la Justicia Federal les dio la razón el pasado 14 de abril al declarar fundada la queja 434/2025, la cual confirma que se violaron las garantías procesales de Édgar Hernández Dañu.
Los legisladores denunciaron lo que llamaron un "albazo", asegurando que el Ministerio Público y la Sala Penal simularon escritos el 8 de abril para obtener ventajas procesales antes de que la defensa fuera notificada.
Esta disparidad procesal, sostiene el PT, anula cualquier principio de equidad y demuestra que la Sala Penal funciona como una extensión de la Procuraduría. Ante este escenario, el partido exigió al Consejo de la Judicatura de Hidalgo la suspensión inmediata de la magistrada Escalante Richards por presuntamente conspirar para burlar resoluciones federales.
La defensa de Édgar Hernández Dañu insistió en que el uso de las instalaciones públicas para la persecución política es una práctica inadmisible que debe ser sancionada por la vía administrativa y penal.
Finalmente, el PT solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la apertura de carpetas de investigación por delitos contra la administración de justicia y violaciones a la Ley de Amparo. Advirtieron que enviarán observadores federales a la audiencia incidental programada para el próximo 21 de abril, con el fin de vigilar que no se repitan las irregularidades en contra de Édgar Hernández Dañu. Con la consigna "si tocan a uno, nos movilizamos todos".
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