Elección judicial 2025: entre la legalidad y la duda

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(06-17-2025)

Datos generales del proceso y los puntos clave del debate nacional. El 15 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida la elección judicial federal 2025 por una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, cerrando el cómputo nacional de los comicios en los que por primera vez se eligieron jueces, magistrados y ministros por voto popular.

La jornada, si bien histórica en su alcance, dejó tras de sí una serie de tensiones y señalamientos que dividen tanto a las autoridades electorales como a la opinión pública, marcando un parteaguas en la relación entre democracia directa y legitimidad institucional.

Entre los puntos clave del debate destacan:

• Participación ciudadana históricamente baja: el INE reportó una afluencia de apenas 12.6 % al 13.3 % del electorado nacional, la más baja en la historia contemporánea de elecciones federales en México, a la que habría que restarle los votos nulos.

• Boletas complejas y poco comprensibles: muchos votantes recibieron varias boletas con decenas de nombres, en algunas entidades 9 boletas, lo que provocó confusión generalizada. La OEA calificó el proceso como “apresurado y con errores”.

• Presencia de “acordeones”: materiales distribuidos masivamente en casillas y redes sociales con recomendaciones de voto sospechosamente coincidentes con los resultados preliminares. El INE, la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral investigan su origen y posible influencia.

• Fallos operativos: errores en actas, fallos en sistemas de transmisión de resultados y complicaciones logísticas, especialmente en estados como Veracruz y Chiapas, donde el conteo tuvo que realizarse manualmente.

• Voto dividido en el INE: la validación fue alcanzada por mayoría mínima, con cinco consejerías advirtiendo que no se cumplieron las condiciones para una elección auténtica conforme al artículo 41 constitucional.

  
  

¿Elección válida pero ilegítima?: participación, autenticidad y legalidad

La resolución del INE marca un hito jurídico, pero no ha logrado eliminar las dudas sociales y políticas. En opinión de diversos analistas, académicos e incluso consejeras electorales, la falta de legitimidad del proceso puede debilitar profundamente la confianza pública en el nuevo modelo de elección judicial.

Dos elementos críticos se repiten en los señalamientos:

• La baja participación popular rompe con el principio de “autenticidad del sufragio”, contemplado tanto en la Constitución mexicana como en los estándares internacionales de elecciones libres y democráticas. Aunque la ley no fija un mínimo de participación, una elección donde el 87 % de la población se abstiene, plantea serias dudas sobre el mandato democrático de quienes resulten electos.

• La existencia de los “acordeones” constituye una posible violación al principio de equidad en la contienda. Más aún, si se confirma que fueron promovidos desde redes institucionales o partidistas, el proceso podría considerarse manipulado, desvirtuando por completo el carácter ciudadano del voto judicial.

  
  

Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA), que acompañó el proceso como observadora, recomendó no replicar este modelo en otros países, advirtiendo que no garantiza transparencia, autonomía ni representatividad.

Así, se perfila un escenario donde la legalidad formal de la elección no resuelve el problema más profundo: la pérdida de legitimidad social del nuevo modelo, agravada por la improvisación y el uso electoral de una reforma estructural.

Caso Hidalgo: quejas, opacidad y desconfianza local

En el plano local, el estado de Hidalgo no fue ajeno a las irregularidades. Según información, la Junta Local del INE en Hidalgo recibió 23 quejas relacionadas con el proceso electoral judicial, lo que refleja una preocupación real entre la ciudadanía y actores políticos.

Los señalamientos abarcaron desde:

• Presunta promoción indebida de candidaturas por funcionarios públicos.

• Uso masivo de “acordeones” con listas de recomendación de votos.

• Dudas sobre el origen de recursos en propaganda digital y física.

• Falta de difusión clara sobre la función y perfil de las personas candidatas.

  
  

Estas quejas, aunque en fase inicial, reflejan el mismo patrón nacional de desinformación, improvisación y posible inequidad, que compromete la legitimidad de quienes eventualmente ocuparán cargos judiciales clave.

Además, en varias comunidades hidalguenses se reportó ausencia de información previa al día de la jornada, así como dificultades en la instalación y funcionamiento de casillas, en parte por la falta de capacitación adecuada a los funcionarios electorales.

Bajo este lamentable escenario, la elección judicial de 2025 ha sido, sin duda, un experimento inédito en la historia democrática del país. Sin embargo, más allá de la validación legal, los datos duros, los errores operativos y la participación mínima sugieren que México aún no está listo para transitar a un modelo de elección directa del Poder Judicial sin garantías institucionales sólidas.

En lugar de fortalecer la confianza en el sistema de justicia, la improvisación y la opacidad han sembrado una profunda desconfianza ciudadana. Y si algo requiere hoy nuestro país, es un Poder Judicial independiente, confiable y legítimo. No solo electo, sino respetado.

En X @AlfonsoVerduzco