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Familiar que gaste la Pensión Bienestar sin ser beneficiario irá a la cárcel; conoce la propuesta 

  • Redacción
  • hace 2 días
  • 2 Min. de lectura

La propuesta contempla prisión de cuatro a ocho años, multas y reparación del daño para hijos o nietos que gasten sin permiso los recursos de sus familiares mayores


Diputada presenta iniciativa para proteger la Pensión Bienestar de abusos familiares
Diputada presenta iniciativa para proteger la Pensión Bienestar de abusos familiares

El Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para tipificar como delito el abuso económico contra adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar


La propuesta, impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero, busca adicionar disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con penas de hasta ocho años de cárcel para familiares que hagan uso indebido de los recursos.


La medida surgió ante denuncias recurrentes de hijos, nietos u otros parientes que retiraron o gastaron la Pensión Bienestar sin consentimiento de los beneficiarios. 


Tales conductas representan una forma de violencia patrimonial que deja a personas de la tercera edad sin recursos para cubrir gastos y necesidades, de acuerdo con un documento presentado por el Partido Verde.



Pensión Bienestar: de apoyo a objeto de abuso familiar


La iniciativa planteó penas de cuatro a ocho años de cárcel para quienes dispongan de la Pensión Bienestar sin autorización del adulto mayor. 


Las sanciones incluyen multas económicas, reparación del daño y medidas para prevenir fraudes como retención de tarjetas bancarias, uso no autorizado de la Pensión Bienestar, fraudes digitales y presiones emocionales.


Estadísticas revelaron que tres de cada diez adultos mayores sufren maltrato, con una proporción significativa correspondiente a violencia económica vinculada a la Pensión Bienestar.



La diputada Azucena Huerta Romero enfatizó que el abuso de la Pensión Bienestar vulnera los derechos humanos. La iniciativa permanece sujeta a análisis del Congreso.


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