Ley Alejandro busca crear protección para periodistas tras asesinato de comunicador en Oaxaca
- hace 2 días
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La Ley Alejandro plantea protocolos de emergencia, protección a periodistas y sanciones de hasta 50 años por ataques contra comunicadores.
Redacción
Tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, colectivos de comunicadores, legisladores locales y autoridades estatales impulsan la creación de la denominada Ley Alejandro, una propuesta que busca establecer nuevas herramientas de protección para quienes ejercen el periodismo en Oaxaca.
El proyecto fue planteado durante un encuentro encabezado por el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, donde participaron alrededor de 150 reporteros, representantes de colectivos periodísticos, diputados locales y organismos defensores de derechos humanos.
Durante la reunión se acordó instalar mesas de trabajo y una comisión revisora encargada de elaborar la iniciativa que posteriormente será presentada ante el Congreso estatal para su análisis y discusión.
¿Qué propone la Ley Alejandro para proteger a periodistas?
La propuesta contempla la creación de un mecanismo estatal de protección para periodistas, así como protocolos de reacción inmediata ante amenazas, agresiones o situaciones de riesgo.
Entre las principales medidas planteadas se encuentran:
Un número telefónico de emergencia para recibir denuncias y reportes de riesgo.
Un centro de atención especializado para evaluar casos y activar medidas de protección.
Coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y organismos de derechos humanos.
Acompañamiento policial, vigilancia y resguardo temporal para comunicadores en riesgo.
Garantías de movilidad para periodistas que necesiten abandonar temporalmente su comunidad.
Además, la iniciativa plantea modificar la política de comunicación gubernamental para fortalecer la libertad de prensa y atender riesgos derivados del entorno digital, como acoso, vigilancia, campañas de desinformación e intimidaciones.
Periodistas denuncian falta de atención ante amenazas
Durante el encuentro, comunicadores señalaron que actualmente existen deficiencias en la respuesta institucional cuando un periodista reporta amenazas o agresiones.
Los participantes expusieron que en algunos casos las autoridades tardan en reaccionar o no cuentan con procedimientos definidos para evaluar el nivel de riesgo y establecer medidas de protección.
Por ello, propusieron que el nuevo mecanismo permita una atención inmediata y especializada para evitar que las amenazas escalen hasta ataques graves.
También señalaron que algunas agresiones provienen presuntamente de autoridades municipales, al acusar que funcionarios locales utilizan cuerpos de seguridad para intimidar o impedir investigaciones periodísticas.
Asimismo, alertaron sobre riesgos relacionados con grupos del crimen organizado que podrían actuar contra comunicadores por sus publicaciones o investigaciones.
Ley Alejandro buscará castigar ataques sin limitar libertad de expresión
Dentro de la propuesta legislativa se contempla establecer sanciones de entre 40 y 50 años de prisión para quienes atenten contra periodistas debido a su actividad profesional.
Los legisladores señalaron que estas penas buscan castigar acciones que obstaculicen o vulneren el ejercicio periodístico.
Sin embargo, durante las mesas de trabajo se planteó que la legislación no deberá convertirse en una herramienta de censura ni limitar la libertad de expresión.
Los participantes destacaron que el objetivo será proteger el derecho a informar sin intervenir en las decisiones editoriales de medios de comunicación o periodistas.
Asesinato de Alejandro Leyva impulsó discusión de nueva ley
La propuesta surgió después del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.
El comunicador fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en un establecimiento cercano a su domicilio. Leyva era reconocido por su columna “El Zumbido del Moscardón” y por abordar temas relacionados con corrupción, seguridad y ejercicio del poder.
Antes de su asesinato, el periodista había denunciado públicamente amenazas y campañas de desprestigio en su contra.
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