Maltrato animal en Hidalgo: "las cifras sólo revelan parte del problema"
- 16 mar
- 5 min de lectura
Para protectores de animales, las cifras oficiales reflejan sólo una parte del problema que vive Hidalgo en materia de maltrato.
Enrique Vega
Desde que comenzó a operar la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Animales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ha presentado 71 carpetas ante la autoridad judicial, de las cuales una decena terminó en sentencias condenatorias, mientras que otros expedientes continúan en distintas etapas del proceso penal.
La Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal comenzó a operar en 2022, como parte de las medidas implementadas por la PGJEH para atender de manera específica las denuncias por agresiones contra animales y mejorar la integración de investigaciones relacionadas con este tipo de conductas.
71 CONTRA 129
Desde ese año, van 71 carpetas que llegan a una instancia judicial, mientras que 129 fueron enviadas a archivo, lo que significa que, tras las investigaciones ministeriales, no se encontraron elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito.
Desde entonces, la mayoría de los casos atendidos han sido denunciados por ciudadanos, activistas o detectados a partir de la difusión de videos y fotografías en redes sociales.
CASOS QUE HAN LLEGADO A TRIBUNALES
Entre los expedientes que han generado mayor conmoción en Hidalgo se encuentra el de “Jefazo”, un perro que murió luego de ser atacado con un arma blanca en el municipio de Mineral de la Reforma, en agosto de 2024.
El hecho provocó indignación entre ciudadanos y colectivos animalistas y derivó en un proceso penal contra el responsable, que, tras el juicio correspondiente, se le dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión.
CASO PROVENZA
Otro caso que también generó indignación ocurrió en el fraccionamiento Provenza, en la capital hidalguense, donde un guardia de seguridad privada fue acusado de causar la muerte de un perro dentro del complejo habitacional.
El hecho se difundió en redes sociales luego de que circularan videos del incidente y derivó en un proceso penal que concluyó con una sentencia contra el responsable, que ató del cuello al animal y lo arrastró.
RAYITO: ABUSO SEXUAL
Entre otros expedientes recientes se encuentra el caso de “Rayito”, una perrita que fue víctima de crueldad y abuso sexual en Mineral de la Reforma.
Por ese hecho, Demetrio “N” fue vinculado a proceso, mientras que un juez determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.
MACHETAZOS EN SAN ANTONIO
Otro proceso judicial se inició en Pachuca, donde M.G.G.A. fue vinculada a proceso por el delito de maltrato animal tras agredir con un machete a un perro en la colonia San Antonio El Desmonte.
El caso fue turnado ante la autoridad judicial luego de que la agresión fuera denunciada y se integrara la carpeta de investigación correspondiente.
ARRASTRADO EN TULANCINGO
En Tulancingo de Bravo, un juez dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Pablo “N”, luego de que fuera declarado responsable de maltrato animal por arrastrar a un perro con su camioneta en hechos ocurridos el 17 de febrero de 2025.
El acusado aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que permitió que el caso concluyera con una condena.
EL DELITO SE TIPIFICÓ EN 2016
Aunque el maltrato animal fue incorporado como delito en el Código Penal de Hidalgo hasta 2016, los primeros intentos por regular la protección de los animales en la entidad se remontan a casi dos décadas atrás.
Durante la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, el entonces diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, presentó una iniciativa que dio origen a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Hidalgo, considerada uno de los primeros instrumentos legales en la materia.
Aquella legislación establecía diversas obligaciones para autoridades estatales y municipales, entre ellas la aplicación de medidas de protección animal, espacios de resguardo para animales, así como lineamientos para regular la operación de rastros y evitar prácticas consideradas crueles en el manejo de animales.
También planteó limitar el exterminio indiscriminado de perros en situación de calle, una práctica que durante años fue utilizada como método de control poblacional en varios municipios.
SANCIONES MÁS SEVERAS
Posteriormente, el tema volvió a la discusión legislativa durante la LXII Legislatura del Congreso local, encabezada en ese periodo por el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Gil Elorduy, cuando el diputado panista, Guillermo Galland Guerrero, impulsó reformas para fortalecer el marco legal y establecer sanciones más severas contra quienes incurran en actos de crueldad contra animales.
Finalmente, las reformas más recientes permitieron consolidar el capítulo de delitos contra los animales dentro del Código Penal, el cual actualmente contempla penas de prisión que pueden iniciar desde seis meses a seis años, además de sanciones económicas, dependiendo de la gravedad de la agresión y de las circunstancias en que ocurra.
ACTIVISTAS SEÑALAN RETOS
Para organizaciones dedicadas al rescate y protección de animales, las cifras oficiales reflejan solo una parte del problema que actualmente vive Hidalgo en materia de maltrato animal.
Al respecto, Pedro Guerrero, integrante y fundador del refugio Cuatro Patitas Un Corazón, consideró que los números van de acuerdo con la situación que enfrenta actualmente la entidad, aunque advirtió que muchos casos no llegan a judicializarse.
De acuerdo con el activista, organizaciones y rescatistas que operan en el estado reciben entre 10 y 15 reportes de presunto maltrato animal cada semana, lo que evidencia que la cifra real de agresiones podría ser mayor a la que aparece en las carpetas de investigación.
TEMOR Y FALTA DE CAPACITACIÓN
Pedro también señaló que diversos factores dificultan que los casos avancen dentro del sistema de justicia, entre ellos el temor de los ciudadanos a denunciar cuando conocen a los agresores o han recibido amenazas, así como la falta de pruebas suficientes para integrar las carpetas de investigación.
A ello se suma, dijo, la falta de capacitación de algunos primeros respondientes, como policías municipales, así como problemas en la atención de denuncias en ministerios públicos o incluso en juzgados, lo que puede retrasar o complicar el avance de los procesos.
Además, explicó que la distancia entre municipios y la limitada disponibilidad de personal especializado también puede dificultar la atención inmediata de los reportes, especialmente en comunidades alejadas.
HAY AVANCE Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Pese a estos retos, activistas consideran que la creación de una unidad especializada y el aumento de casos que llegan ante un juez representan avances importantes en la atención de este delito.
No obstante, señaló que el desafío todavía es lograr que más denuncias se traduzcan en investigaciones sólidas y sentencias condenatorias, a casi una década de que el maltrato animal fue incorporado como delito en el estado.
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