¿Quién decide el futuro de la fiesta brava? El Congreso, animalistas o el sector taurino
- 16 abr
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El debate sobre la tauromaquia en la entidad ha escalado a niveles judiciales y políticos. Mientras tanto, la presión en las calles aumenta con la recolección de firmas civiles y la postura del sector taurino.
Enrique Vega
Lo que comenzó como una iniciativa legislativa terminó por convertirse en uno de los debates más tensos, prolongados y polarizados en Hidalgo: la tauromaquia.
A casi un año de que se planteara su posible prohibición, el tema no solo sigue sin resolverse, sino que se ha complejizado al punto de instalarse en tres frentes simultáneos: el Congreso, los tribunales y la calle.
La discusión arrancó con la propuesta presentada en el Congreso local para prohibir las corridas de toros bajo el argumento de erradicar el maltrato animal.
Desde ese momento, el tema dejó de ser únicamente cultural para convertirse en una disputa política y jurídica, con implicaciones económicas y sociales que han impedido una resolución rápida.
DOS AMPAROS TRAMITADOS POR ANIMALISTAS
En el plano legal, uno de los movimientos más relevantes ha sido la acción de colectivos animalistas, que han recurrido a amparos para intentar frenar la realización de corridas de toros programadas en la entidad.
Estos recursos buscan suspender eventos específicos, como los anunciados para el 18 de abril y el 30 de mayo, trasladando el conflicto al ámbito judicial y abriendo un nuevo frente en la disputa.
Más allá de su efecto inmediato, estos amparos reflejan el nivel de organización del movimiento antitaurino, que ha optado por la vía legal para tratar de impedir la continuidad de estos espectáculos.
Con ello, el debate ya no solo se mantiene en el terreno legislativo o social, sino también en los tribunales, donde se definirá si existen elementos suficientes para frenar este tipo de eventos.
Del otro lado, el sector taurino ha cerrado filas en defensa de la actividad, argumentando que se trata de una tradición con sustento legal y una fuente de ingresos para distintos sectores.
Para ellos, la tauromaquia no solo es un espectáculo, sino una actividad económica que involucra a ganaderos, empresarios, toreros, trabajadores y toda una cadena productiva que, aseguran, se vería afectada de manera directa.
TAURINOS ARGUMENTAN IMPACTO ECONÓMICO
Ese argumento no es menor, pues, de acuerdo con estimaciones del propio sector, cada corrida puede generar cerca de un centenar de empleos directos y una derrama económica superior a los 12 millones de pesos, además de activar una red de servicios que va desde transporte y comercio hasta la operación de ganaderías.
En Hidalgo, además, existen decenas de criaderos de toro de lidia distribuidos en municipios con arraigo taurino, lo que refuerza el peso económico que los defensores de esta práctica ponen sobre la mesa.
Del otro lado, los colectivos animalistas han sostenido una presión constante más allá de la vía legal.
A lo largo de este año han realizado marchas, pronunciamientos públicos y llamados directos a diputados y autoridades estatales para avanzar en la prohibición.
Su postura se mantiene firme: la tauromaquia representa una forma de violencia que no debe justificarse bajo el argumento de tradición.
En ese contexto, una de las acciones más recientes ha sido la recolección de firmas ciudadanas para exigir al Congreso que dictamine la iniciativa, la cual acusan lleva más de un año sin avanzar.
La estrategia busca trasladar la presión social al ámbito legislativo, con la meta de reunir respaldo suficiente para obligar a que el tema salga de la congeladora.
Esta movilización no ocurre de forma aislada, forma parte de una ruta más amplia que incluye acciones legales, organización con colectivos nacionales y la propuesta de abrir espacios de discusión pública, como parlamentos abiertos, para llevar el debate más allá de los recintos legislativos.
¿QUÉ DIJO EL GOBERNADOR?
El debate también ha alcanzado al Poder Ejecutivo, ya que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha fijado una postura en contra de la tauromaquia, lo que introduce un elemento político clave en la discusión, al perfilar la posición del gobierno estatal frente a una eventual reforma.
Desde el ámbito legislativo, el diputado impulsor de la iniciativa ha mantenido su postura a favor de la prohibición, insistiendo en la necesidad de que Hidalgo avance en la protección animal.
Sin embargo, el proceso no ha logrado concretarse, en parte por la presión de los distintos sectores y en parte por la complejidad jurídica que implica modificar o restringir una actividad con arraigo histórico.
Mientras tanto, el tema ha encontrado eco en lo que ocurre a nivel nacional, como en estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, la Ciudad de México y Quintana Roo, donde se han aprobado prohibiciones o restricciones a la tauromaquia.
Así, el escenario actual es el de un conflicto abierto, en el que por un lado, un sector taurino que defiende la continuidad de la actividad bajo argumentos culturales y económicos; por otro, colectivos animalistas que presionan en tribunales, en la calle y ahora también mediante estrategias de movilización ciudadana; en medio, un Congreso que no ha resuelto y un gobierno estatal que ya expresó su postura.
A casi un año de distancia, no hay una definición clara, lo que sí hay es una acumulación de factores: amparos que buscan frenar corridas específicas, iniciativas que no avanzan, presión social creciente y posturas políticas encontradas.
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