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¿Represalia política en Ixmiquilpan? Alcalde es señalado tras conflicto por comentario en Facebook

hace 21 minutos
2 min de lectura

Una funcionaria municipal denunció acoso e intimidación laboral tras una publicación en las redes sociales; solicitó la activación de medidas de protección urgentes ante la Contraloría de su localidad.



Redacción


El pasado 13 de noviembre de 2026, una auxiliar administrativa adscrita a la Secretaría de Finanzas del municipio de Ixmiquilpan se presentó ante la Contraloría Municipal para denunciar presuntos actos de hostigamiento laboral e intimidación institucional.


La compareciente, identificada como Perla Damara Torres Vázquez, promovió formalmente la activación del Protocolo Cero tras señalar que fue víctima de presiones dirigidas a forzar su renuncia, derivado de un conflicto político en redes sociales que involucró al alcalde de Ixmiquilpan.



De acuerdo con el documento presentado ante la titular del Órgano Interno de Control, la servidora pública se encontraba desempeñando sus funciones en la Coordinación de Apoyo a Comunidades cuando fue notificada verbalmente sobre un cambio inmediato de adscripción hacia el Rastro Municipal de Ixmiquilpan.



Durante este proceso de notificación, el personal del área jurídica justificó la medida bajo el argumento de una supuesta reorganización administrativa.






Origen del conflicto y solicitud de medidas de protección


El antecedente expuesto en el acta circunstanciada vincula la orden de reubicación con una opinión vertida en Facebook por el padre de la empleada, en la que manifestó su postura política frente a la gestión actual.


Ante dicha publicación, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Emanuel Hernández Pascual, respondió de forma pública solicitando la renuncia de la funcionaria, mensaje que borró minutos después de su difusión.



Por este motivo, la afectada señaló que este proceso de cambio representa una represalia política directa, ejecutada mediante la imposición de un ambiente hostil en el ayuntamiento de Ixmiquilpan.


Asimismo, la denunciante asentó que sus compañeros de trabajo evitaron firmar el documento como testigos por temor fundado a sufrir represalias laborales.


Ante la falta de garantías en este proceso administrativo, la auxiliar exigió la inmediata aplicación del Protocolo Cero de la administración pública estatal, mecanismo diseñado para prevenir, atender y sancionar el acoso e intimidación laboral.


Finalmente, la trabajadora responsabilizó al alcalde de Ixmiquilpan de cualquier afectación a la integridad física, psicológica o laboral de su persona y de su núcleo familiar durante el desarrollo de este proceso formal.



En consecuencia, el caso iniciado abre un proceso de revisión institucional sobre la actuación de las autoridades locales.


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