Se duplican las carpetas por pensión alimenticia en Hidalgo
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Las denuncias por pensión alimenticia en Hidalgo aumentaron más del 100%, al registrar 518 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones familiares.
Redacción
Las denuncias por pensión alimenticia en Hidalgo registraron un incremento significativo durante el último año, al pasar a 518 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el SESNSP.
El incumplimiento de la pensión alimenticia en Hidalgo ha mostrado una tendencia al alza en los primeros meses del año, lo que ha derivado en un aumento considerable de denuncias ante la PGJEH.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril se registraron 518 carpetas de investigación relacionadas con el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Las cifras reflejan un promedio de 4.3 casos diarios en el estado de Hidalgo durante este periodo.
Crecimiento mensual de los casos en Hidalgo
El comportamiento de las denuncias por pensión alimenticia en Hidalgo mostró un incremento constante durante los primeros cuatro meses del año:
Enero: 103 casos
Febrero: 131 casos
Marzo: 129 casos
Abril: 155 casos
Este aumento ha sido relacionado con una mayor exigencia legal por parte de las familias para garantizar el cumplimiento de este derecho de niñas, niños y adolescentes.
En comparación con el mismo periodo de 2025, las denuncias por pensión alimenticia en Hidalgo crecieron 103.13%, al pasar de 255 a 518 carpetas de investigación.
Durante el año anterior, los registros mensuales fueron menores: 44 en enero, 66 en febrero, 79 en marzo y 66 en abril, lo que evidencia un incremento sostenido en la presentación de denuncias.
Sanciones por incumplir la pensión alimenticia en Hidalgo
El Código Penal del estado establece sanciones para quienes incumplan con la pensión alimenticia en Hidalgo, las cuales incluyen penas de prisión y multas económicas.
Las sanciones pueden ir de tres a cinco años de cárcel, además de multas de 100 a 400 días de salario mínimo, así como la pérdida de derechos familiares.
Además, reformas recientes permiten que los deudores sean inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
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