Seguridad jurídica y Poder Judicial: pilares del desarrollo y la democracia

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(05-06-2025)

I. ¿Por qué importa la seguridad jurídica para las personas y las inversiones?

La seguridad jurídica es mucho más que una expresión técnica del mundo del derecho: es la posibilidad real de vivir bajo reglas claras, conocidas y aplicables para todos. Es saber que los contratos se respetan, que los derechos se protegen y que, en caso de conflicto, habrá una autoridad imparcial que resolverá conforme a la ley. Para las personas, esto se traduce en confianza, estabilidad y protección; para las empresas e inversionistas, representa certeza sobre sus decisiones, rendimientos y riesgos.

A nivel internacional, la seguridad jurídica es un factor clave para atraer inversión. Un informe del Banco Mundial sobre “Doing Business” subraya que los países con sistemas judiciales transparentes y eficaces atraen más capital extranjero, mejoran sus niveles de empleo y promueven el crecimiento económico. En el caso de América Latina, organismos como la CEPAL y el BID han advertido que uno de los principales obstáculos para el desarrollo es la debilidad institucional y la desconfianza en la justicia.

México no es ajeno a esta realidad. En el país, la confianza en las instituciones judiciales ha fluctuado en función de su capacidad de resolver con eficiencia, imparcialidad y transparencia. Cuando la ciudadanía y los inversionistas perciben un sistema lento, politizado o impredecible, se retraen. De hecho, organismos como el IMCO y Coparmex han señalado que sin un sistema judicial confiable, las decisiones empresariales se vuelven más conservadoras, afectando la generación de empleo, el crecimiento regional y la competitividad.

II. La relevancia de la imparcialidad y autonomía judicial

La imparcialidad y la autonomía no son concesiones del poder político al Poder Judicial, sino condiciones esenciales para que este cumpla su función de árbitro legítimo y garante de derechos. Un juez o jueza debe tener la libertad de resolver sin presiones, sin temor a represalias y sin que el poder económico o político interfiera en sus decisiones. Solo así puede construirse un Estado de Derecho sólido y funcional.

Sin embargo, la sacudida que ha experimentado el Poder Judicial en los últimos años no solo proviene de presiones externas (políticas) o reformas legislativas. También hay un malestar creciente en la sociedad respecto a la forma en que algunas juezas y jueces han ejercido su función. En más de una ocasión, se ha señalado el trato inaccesible, rígido y a veces abiertamente despótico de ciertos titulares, lo que ha contribuido a una percepción de distancia entre la ciudadanía y quienes imparten justicia. Esta brecha se acentúa cuando las resoluciones judiciales están redactadas en un lenguaje técnico e incomprensible, alejadas de la realidad de las personas y sin una clara justificación argumentativa.

La claridad en las sentencias no es un lujo técnico: es un derecho ciudadano. Cuando las resoluciones no explican de forma comprensible por qué una persona gana o pierde un juicio, se erosiona la confianza pública. La justicia no solo debe hacerse, sino también parecerse justa. Un Poder Judicial que no se comunica de manera accesible, que parece estar al servicio de intereses particulares o que se encierra en un formalismo excesivo, se expone a perder legitimidad incluso si es legalmente correcto. Esta crisis de percepción ha sido uno de los catalizadores de la discusión actual sobre su reforma, aunque la solución propuesta pueda poner en riesgo otros principios fundamentales.

En la región, casos como el de El Salvador —donde se removió a magistrados de la Corte Suprema sin debido proceso— o en Nicaragua —donde se ha instrumentalizado al Poder Judicial para perseguir opositores— muestran las consecuencias graves de debilitar la autonomía judicial. México debe aprender de esos contextos. La reciente discusión sobre una reforma judicial, con el objetivo de hacerla más cercana a la ciudadanía, plantea riesgos si no se cuidan los equilibrios institucionales y se garantiza la selección profesional e independiente de quienes juzgan.

III. Riesgos de perder un Poder Judicial autónomo y preparado

La historia demuestra que los países que debilitan su sistema judicial terminan erosionando las bases mismas de la democracia. Un Poder Judicial sin preparación ni autonomía se vuelve una oficina de trámites o una herramienta de venganza política. En el corto plazo, esto genera incertidumbre, retraimiento de inversiones y desconfianza institucional. En el largo plazo, implica la pérdida de libertades, el debilitamiento del Estado de Derecho y la normalización de la arbitrariedad.

Una democracia robusta no solo se mide por sus elecciones, sino por la fortaleza de sus instituciones judiciales. Sin jueces capaces, independientes y accesibles, ningún derecho está realmente garantizado. Por eso, el debate sobre el futuro del Poder Judicial en México no debe centrarse solo en su estructura o nombramientos, sino en cómo fortalecerlo y consolidarlo como el bastión de la legalidad, la equidad y la paz social.

Sin seguridad jurídica, no hay inversión. Sin jueces autónomos, no hay justicia. Y sin justicia, no hay futuro democrático.

X @Alfonso_Verduzco

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