Luego de ocho horas y media de discusión, con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó transferir el mando de la Guardia Nacional a la Sedena.
Redacción
Luego de ocho horas y media de discusión, con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó sin cambios la reforma constitucional que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta reforma consolidará la eficacia de la Guardia Nacional frente al complejo escenario que afronta México, garantizando el respeto al pacto federal a través de una coordinación efectiva entre federación y los gobiernos estatales”.
Así se pronunció la morenista, Citlalli Hernández sobre el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución estará ahora integrada sólo por personal militar, aunque Morena niegue la militarización.
En las nuevas facultades que tendrá la Guardia Nacional está la de investigar delitos. Para la oposición, este nuevo esquema se traduce en la renuncia a construir un proyecto de seguridad pública civil.
“No llevemos a nuestros elementos militares a que manejen la seguridad pública, porque eso les provocará alejamiento de la sociedad, acusaciones, quejas o decepciones en su actuar y suelen multiplicarse estas”.
Lo anterior, fue advertido por el panista, Francisco Ramírez Acuña, pues la modificación al artículo 13 Constitucional establece que los tribunales militares tendrán jurisdicción sobre elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.
El artículo sexto transitorio de la modificación señala que el personal procedente de la extinta Policía Federal deberá dejar de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quedará adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Fue aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 88, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución en materia de reforma de la Guardia Nacional.
La minuta fue remitida a las legislaturas estatales, donde deberá aprobarse en al menos 17 congresos para validarse su constitucionalidad y remitirse al Ejecutivo federal para su publicación, de acuerdo con el protocolo legislativo.
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