IEEH, gastos de liquidación Florentino Peralta 11-28-2022 Exigir la renuncia de al menos 15 trabajadores le ha representado al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) una erogación superior a los tres millones de pesos, pese a que no cuenta con régimen de despidos. Desde el pasado 1 de julio, el director ejecutivo de Administración, Fausto Olvera Trejo ha sido el ejecutor, pero endosó “la culpa” a la entonces recién nombrada presidenta del organismo, María Magdalena González Escalona. Bajo la máxima de seguir las órdenes de la nueva presidenta, de despedir a todas y todos aquellos que tuvieran cercanía con su antecesora Guillermina Vázquez Benítez, el funcionario procedió en consecuencia con las bajas. Entre las personas que tuvieron que entregar su renuncia se cuentan de Prerrogativas, Capacitación, Organización, Transparencia, Comunicación Social, Administración, Órgano Interno, Secretaría Ejecutiva y Presidencia. Sin embargo, se ofreció a cambio una gratificación económica a manera de liquidación, lo cual es consolador para las personas que perdieron su fuente de ingresos, pero la incógnita es de qué capitulo emana todo ese recurso. En el aparato de Estado no existe régimen de despidos, en consecuencia, no hay partida para liquidaciones, es por eso que a las y los trabajadores se les solicita su renuncia y en caso de confrontarse se llega incluso al laudo. Algunas de las personas que tuvieron que dimitir aseguran que fue por influencia del vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, “el maestro” Juan Carlos Mendoza Meza. Lo anterior, que por ajustes de viejas cuentas, toda vez que les atribuyó malos tratos hacia su hijo Ramiro cuando laboró en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y ahora que tiene poder a distancia, lo ejerce. LA MARCHA VS INE Así pues, ¿de qué capítulo han obtenido el dinero con que han liquidado las bajas que la mayoría considera injustificadas? Y en más del tema electoral, la marcha del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como reacción a la manifestación del pasado 13 de noviembre a favor del INE, fue escenario para su narrativa, esa que protagonizan sus enemigos imaginarios, pues bien sabe que no podrá, por ahora, desaparecer al organismo, pero le sirve de pretexto para exaltar a sus seguidores con el sonsonete que los conservadores no lo dejan gobernar.

Semot: “mátenlos y después veriguan” Florentino Peralta 11-21-2022 “Mátenlos y después veriguan”, frase revolucionaria atribuida a Pancho Villa bien podría aplicarse como analogía a lo que pasa con el nuevo gobierno de Hidalgo, donde primero corren al personal y luego buscan con quién sustituirlo. Lo más risible es que varios de esos sustitutos no cumplen con el perfil, es más, ni siquiera con los requisitos legales mínimo indispensables, como ostentar título y cédula profesional, por lo que recurren a malabares para justificarlos. En dependencias como Radio y Televisión de Hidalgo sostienen a sus nuevos funcionarios, sin formación académica, mientras que en la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) al menos dos direcciones continúan acéfalas. A la secretaria Lyzbeth Robles Gutiérrez se le hizo fácil solicitar sus renuncias a los directores de Planeación, de Finanzas y de Operación sin tener listos sus relevos, donde los únicos que pagan estos desatinos son los usuarios. Uno de los impedimentos para presentar a los sucesores es precisamente su falta de título o perfil, pero qué se puede pedir si la propia secretaria no tiene antecedentes en materia de transporte; es abogada y trabajaba en el Senado. Si la intención es que ponga en orden temas legales, como la concesión del Tuzobús para que dejen de recurrir a operadores temporales, pues quizá, pero para eso existe una dirección general Jurídica, a menos que no funcione. El tema del transporte es uno de los más álgidos, pues administración tras administración ha sido politizado y parte de su mal funcionamiento incluso fue con toda intención gubernamental para propiciar paraderos de corrupción. En estos ya casi tres meses de administración la programación del Tuzobús no se cumple, pues circula 80 por ciento del parque vehicular, mientras que la ruta Téllez-Hospitales no es rentable, transitan todos, pero con subdemanda. Sin importar éste y muchos otros problemas, la dirección de Operación estuvo acéfala un mes, pues apenas el miércoles pasado arribó Miguel Ángel Monzalvo, quien estuvo ya en el cargo con Francisco Olvera y cuya cédula no aparece. Con todo y el mal servicio, reflejado en las constantes quejas contra las unidades alimentadoras, la aceptación ciudadana en la zona metropolitana de Pachuca hacia el Tuzobús pasó de 4.5 por ciento en 2016 a 7.9 puntos en 2022. SIEMPRE CAÓTICO Así pues, mientras el transporte se considera siempre una bomba de tiempo, en la gestión de Robles Gutiérrez prevalecen las vacantes y no se descarta que el caos se incremente para llegar al punto paternalista de que el Estado se haga cargo del servicio, como en la CDMX con los RTP, que, por cierto, constituye su caja chica. Otro punto alarmante es que una “estrategia” del actual gobierno es no contabilizar los incidentes donde participen unidades de alquiler con la idea tramposa de decir que desde que llegó la transformación todo lo malo se ha erradicado, pero aquello que no se mide no puede mejorarse, ¿no?

UPP, su fiscalización y sus personajes Florentino Peralta 11-14-2022 A tres semanas de que se cumplan los primeros cien días del llamado gobierno de la transformación en Hidalgo, las universidades tecnológicas y politécnicas, así como sus implicaciones financieras, representan una piedra en el zapato. La Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), siempre inmersa en escándalos, no ha podido solventar aún observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 18.6 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública 2021. Entre académicos, administrativos y estudiantes que padecen a los directivos de la institución, se preguntan si la nueva administración estatal, la que profesa el cambio real, permitirá que la federación fiscalice a cada involucrado. Por ejemplo, el secretario administrativo, Jorge Alfredo Fernández Salas data desde que se fundó la UPP hace 19 años y rector tras rector lo ha conservado por “conveniencia operacional”, según afirman a quienes así lo ha presumido. Este personaje está casado con la exdirectora de Administración del Poder Judicial, Irma Graciela Reyes Monzalvo, hermana de Gerardo, Ricardo y Roberto, y su padrino de bodas, según alardea, es el gobernador, Julio Ramón Menchaca. Aunque sin duda, Fernández Salas debe ser un experto en el manejo financiero, pues con un sueldo mensual neto de 36 mil 923.80 pesos conduce una camioneta y un sedán que, según el modelo, superan fácil los 700 mil y 500 mil pesos. Otro personaje que deberían observar las autoridades federales y estatales es el profesor investigador, Jaime Aguilar Ortiz, quien se autonombra “El zar de las licitaciones” porque se especializa en conseguir recursos para la UPP. Sin embargo, durante la rectoría de Sergio Arteaga Carreño quien se encargaba de “bajar” recursos era el actual rector, Marco Antonio Flores González a través de Aguilar Ortiz, cuando de acuerdo a su cargo debería impartir cátedra. DIEZMO ELECTORAL Y mientras la administración de Marco Antonio Flores González intenta zanjar las observaciones de la ASF, sobre el pago no justificado de 154 trabajadores, con el dicho que es consecuencia de un vacío en la normatividad, trabajadores acusan que durante el pasado proceso electoral para renovar la gubernatura en Hidalgo fueron obligados a cooperar económicamente, con interacciones en redes sociales y votos. Quienes se negaron entonces, enfrentan ahora acoso laboral, pues la camarilla que controla a la UPP se declara muy segura con el nuevo gobierno.

¿Quién le reporta a Simón Vargas? Florentino Peralta 11-07-2022 La remasterizada mujer fuerte del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo (TSJH), Ariana Itzel Duarte Martínez es señalada de filtrar información al exsecretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, como sucedió recientemente. Hubo una cita entre la presidenta del TSJH Rebeca Aladro, la subprocuradora de Procedimientos Penales región poniente Julia Granados, el secretario de Gobierno Guillermo Olivares y Ariana Itzel, quien de inmediato pasó tarjeta. El tema predominante fue la investigación que desarrollan para intentar fincar responsabilidades al excontralor estatal, César Román Mora, en lo que sin ingenio alguno la actual administración quiere rubricar “estafa siniestra”. La reunión tuvo lugar en palacio de gobierno, en Pachuca, y una vez concluida, Ariana Itzel Duarte Martínez se comunicó vía telefónica con Simón Vargas Aguilar para comentarle los pormenores, así que mejor informado, imposible. Este tipo de descuidos por la parte acusadora, de permitir la participación de la siempre poderosa secretaria general del TSJH y el consecuente alertamiento del caso a los implicados, ya no se entiende si es torpeza o adrede. Por torpeza, pues pecan de ingenuos al integrar a esta funcionaria en el tema, así que luego no se quejen cuando se les “caigan” sus acusaciones o adrede precisamente para que no se llegue a nada y todo se quede en alaraca. Y como parece que en Hidalgo absolutamente nadie más sabe sobre derecho penal, tienen que correr el riesgo de mantener a Duarte Martínez en este tipo de asuntos, aunque les avise “a los malos” hasta con lujo de detalles. En cuanto a César Román Mora, ese que amaga con demandar periodistas cuando le recapitulan la estela de corrupción que lo persigue desde el Estado de México, parece que nuevamente limpió bien sus huellas y saldrá bien librado. ¿Y EL PRESUPUESTO? En estos dos meses de gestión, queda manifiesto que la actual administración de Hidalgo necesita de la pasada para subsistir, al menos y esperemos que así sea, mientras conforma algún plan estatal de desarrollo, pues corre el riesgo de prolongarse como ocurre con Andrés Manuel López Obrador, que para encubrir la falta de crecimiento económico nacional se la pasa en batallas contra enemigos imaginarios, que cumplen la función de distractores mientras consolida su dictadura. Por cierto, ¿puede haber proyecto de presupuesto sin plan estatal?

Julio Valera, sin liderazgo; INE, afiliados Florentino Peralta 10-31-2022 La descomposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo hace crisis con la falta de liderazgo de su aún presidente Julio Manuel Valera Piedras, a quien tres integrantes de su bancada desoyeron al momento de una votación. El dirigente partidista es también coordinador de la fracción tricolor en el Congreso del Estado de Hidalgo y este año de ejercicio legislativo preside, además, la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura, muchos gafetes, pero poca interlocución. La fracción parlamentaria del PRI está compuesta por ocho integrantes y tres de ellas votaron en abstención durante la elección de la nueva fiscal anticorrupción, es decir, se dividieron y casi provocan que el dictamen regresara a comisión. El compromiso del priista ante el gobernador morenista de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar era que la fracción tricolor votaría a favor de su propuesta para fiscal, Alicia Medina Castelazo, pero el encomendero solo cumplió a medias. Fueron seis las abstenciones, las tres del PRI: la diputada por Zacualtipán, Marcia Torres, la de Pachuca XII, Citlali Jaramillo y la plurinominal Rocío Sosa, así como los panistas por Huichapan, Rodrigo Castillo y la plurinominal, Silvia Sánchez. La sexta abstención fue del perredista por Metepec, Miguel Ángel Martínez “El Oso”, así que, además, aunque Julio Manuel Valera lo niegue, la discrepancia de intereses entre PAN, PRI y PRD resquebrajan ya su eventual alianza política. Y no cabe decir ahora que la división mostrada en la bancada priista es parte de la vida política, ya que la rabieta que hizo su coordinador no fue menor, pues quedó evidenciado e inmediatamente se constató que buscaba alguna venganza. La debacle priista no ocurrió el 5 de junio sino hace al menos 21 años, cuando cuadros importantes, como José Guadarrama, se desprendieron y además fueron impuestos varios dirigentes estatales sin arraigo, como el propio Julio Valera. CONSULTA DE AFILIADOS La página electrónica del INE, concretamente la consulta de afiliados a partidos políticos, se ha convertido en la herramienta más utilizada por el nuevo gobierno del estado de Hidalgo para definir a quién contratan o no y a quién dan de baja o no, sin importar el desempeño o aptitud laboral del solicitante o del despedido, es decir, si la persona aparece afiliada al PRI de inmediato es desechada, aunque eso ocurre con los de abajo, pues hay perfiles muy identificados, como Oralia Vega, que sin problemas saltan el filtro, pues mágicamente han sido ya borrados.

#4T en Hidalgo, dichos y hechos Florentino Peralta 10-24-2022 La incongruencia ha sido hasta ahora el distintivo de la naciente administración morenista en Hidalgo, pues el dicho de no ser “como los de antes” no encuentra respaldo en los hechos y para muestra unos cuantos botones. Los gastos de pirotecnia y escenario para el festejo del 15 de septiembre en plaza Juárez fueron contratados por el actual gobierno, que encabeza Julio Ramón Menchaca, por 10.3 millones de pesos mediante adjudicación directa. El escenario fue montado por la empresa Azprotec, a cambio de seis millones de pesos, mientras que en pirotecnia gastó 4.3 millones de pesos, sin precisar el proveedor y en ambos casos sin someterse a licitación alguna. Con ganas de dispensar al gobierno, llegado apenas diez días antes, se puede decir que por la premura no hubo tiempo de emitir una convocatoria, pero resulta que ahora con los insumos para el Xantolo encontraron caminito. Una nota publicada en AM Hidalgo por la periodista Lourdes Naranjo da cuenta que la empresa que vendió al gobierno del estado 362 toneladas de cacao y azúcar no aparece en el Padrón de proveedores y contratistas. En ese proceso sí hubo licitación, pero la propuesta de Dabcom Comercializadora S.A. de C.V., por 24 millones 999 mil 804 pesos, fue la más alta y aun así derrotó a Viveros e Insumos Forestales Xala, que por temas técnicos. Ya en el campo de la política, destaca el caso de Cipriano Charrez Pedraza, a quien se le concedió abandonar su jaula de oro para continuar su cautiverio desde su domicilio y lo primero que hizo fue encabezar un mitin masivo. Las fotografías del morenista en el templete, arropado por perfiles como la diputada local Lisset Marcelino Tovar, son una burla para el sistema judicial y para la familia de Iván, fallecido en el accidente que participó Charrez. Si bien 30 o 45 días son pocos para intentar evaluar, así como para llegar y todo acusar, quien le arranca hojas al calendario es el actual gobierno, un tanto desbocado que parece no tener claro qué quiere y cómo permearlo. MISMA PRÁCTICA, DISTINTA PERCEPCIÓN El discurso de la persecución a los corruptos del ayer, que sabíamos no quedaría en nada, pues si no se judicializa y si el preso no es Omar Fayad lo demás es pan y circo, fue desgastado ya en mes y medio, mientras las propuestas de gobierno siguen sin llegar, amparado en que todo será mediante foros, como desde la campaña, y la única riesgosa diferencia con los otros regímenes es que hoy, haga lo que haga, se le aplaude, como la intervención policial contra el pueblo para favorecer a la Minera Autlán, que antes hubiera sido calificada de represión.

Los calentadores de San Salvador Florentino Peralta 10-17-2022 Ahora que la veta informativa apunta en Hidalgo hacia los presuntos hechos de corrupción, ni los ayuntamientos emanados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se salvan de los señalamientos, como ocurre en San Salvador. Integrantes de la asamblea advierten que la administración encabezada por el alcalde, Armando Azpeitia pretende defraudar a la gente mediante un programa de venta de artículos con el que ha recaudado al menos 800 mil pesos. En marzo pasado, la oficina de Desarrollo Social Municipal vendió a la ciudadanía calentadores solares, tinacos y colchones, con sobreprecio, pero quienes serían los “beneficiarios” afirman no haber recibido nada y exigen su reembolso. Otros habitantes de diversas localidades de San Salvador, municipio enclavado en el extenso Valle del Mezquital hidalguense, aseguran que incluso desde febrero entregaron dinero a cambio de tinacos y a la fecha no tienen nada. Por este embrollo fue separada ya del cargo María Félix Hernández, quien estuvo a cargo de la fallida operación, pero todo apunta que se le viene la noche al alcalde, pues también hay señalamiento de vacíos en el DIF Municipal. Un supuesto hackeo de cuentas bancarias abrió un boquete de 685 mil pesos, a decir de los asambleístas antagónicos al alcalde, cuya gestión no ha confirmado ni negado el hecho que se extiende de boca en boca en la demarcación. En la próxima sesión de cabildo le pedirán al alcalde, quien ha querido manejar este asunto con sigilo, que explique la baja de María Félix Hernández y le darán las solicitudes de reembolso de quienes se asumen ya defraudados. Al parecer, el alcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena no será el único emanado del partido lopezobradorista envuelto en un escándalo por corrupción, aunque su caso es superlativo, pues se trata de al menos 71 millones de pesos. ¿COMO ANILLO AL DEDO? Sí, tanto Cadena como Azpeitia arrastran fama de pillos, uno por corrupto y el otro por reventador, pero de pronto pareciera que en aras de legitimar que el combate a la corrupción se aplica sin distingo en Hidalgo, este par cae como anillo al dedo, pues sus intereses políticos son diferentes a los de la actual administración estatal, ya que pertenecen al grupo fundador de Morena. De cualquier manera, en ambos casos existe población afectada, una por el presunto desfalco al erario y la otra porque directamente le fue cobrado un producto que no ha recibido.

El dislate de Natividad Florentino Peralta 10-10-2022 El secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez reveló datos personales de un menor fallecido, como su condición de orfandad, lo que revictimiza al niño que, además, presuntamente padecía bullying. Raudo y veloz, el funcionario que se asume es uno de los pocos experimentados dentro del gabinete de Julio Ramón Menchaca, salió a acotar el tema al negar que el fallecimiento del chico de 11 años haya sido producto de abusos. La trayectoria política de este personaje parece no transferirse a su faceta como servidor público o cometió el error de escuchar el canto de las sirenas emanado de sus asesores y emitió unas breves, pero desafortunadas declaraciones. Reveló que el menor era huérfano, vivía con su abuela, que la causa de muerte fue por choque séptico, ya que tenía una infección generalizada, y que lo del bullying fue un rumor. En paralelo, los padres se manifestaban en la escuela. Con esta maniobra que violentó los derechos humanos del fallecido, pues no aclaró haber tenido autorización de los padres o en este caso tutores para darlos a conocer a la prensa, buscó deslindar a la escuela de toda responsabilidad. La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) concluyó que el menor falleció por una hemorragia pulmonar derivada de una falla orgánica, sin violencia alguna, aunque en paralelo encontró un dedo fracturado. Así que la dependencia investiga todavía si el menor de la primaria 20 de Noviembre de la colonia San Antonio en la localidad San Juan Tepa, ubicada en Francisco I. Madero en el Valle del Mezquital, enfrentaba o no bullying. Se sabe que un compañero lo tiró, al margen de su complicación de salud, pero no se define todavía si ocurrió dentro de la escuela, de ser el caso se podría hacer desglose por violencia familiar equipada y llamar a cuentas a los directivos. ¿AMERITA QUEJA? Natividad Castrejón, el zacatecano que ha colaborado en Hidalgo con el panista José Antonio Tellería, el perredista José Guadarrama y el priista Miguel Osorio, se vio más veloz que autoridad judicial, pues realizó juicio sumario y dictó sentencia con tal de quitarle responsabilidad al sector educativo en este asunto aún bajo investigación y aunque el tiempo le llegue a dar la razón, vulneró derechos del menor fallecido y eso que como empresario de la educación trabaja el sentido humanista y hace 20 años estuvo encargado del programa Escuela para Padres.

Francisco Santander y la bodega farmacéutica Florentino Peralta 10-03-2022 El paso de Francisco Santander Pérez por la subprocuraduría de Procedimientos Penales región oriente quedará marcado, dijeran en términos de presunción de inocencia, por hechos probablemente constitutivos de corrupción. Uno de los más escandalosos está relacionado con una empresa distribuidora de medicamentos, donde los socios entraron en concflicto y uno de ellos fue favorecido por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH). El viernes 1 de octubre de 2021 arribó al cargo en sustitución de Víctor Ariel Pérez Benítez, el procurador era entonces Alejandro Habib Nicolás, y de inmediato tomó casos por encargo, principalmente los que tenían implicación personal. Utilizó los recursos del Estado para torcer la ley, como ordenar un peliculezco cateo a la bodega de la empresa distribuidora, ubicada en las inmediaciones del parque industrial Canacintra, para atemorizar y salirse con la suya. Dicho cateo fue para sustraer libros de administración, un asunto mercantil que forzaron en penal bajo el supuesto de administración fraudulenta, apoyados con documentos elaborados en la notaría 22 de Pachuca, que son ya indagados. La característica de su gestion fue “vender” este tipo de asuntos y el cierre de sus corruptelas ocurrió sin falla alguna entre alegres choques de vasos, momentos en los que también le daba por hablar de más y alardear sus logros. El dinero fue siempre el motor de sus acciones, de las cuales tendría que ser llamado a cuentas por la administración provisional de la PGJEH, aunque él asegure que prácticamente ya huyó a la defensoría de oficio federal. En este entramado hacía falta integrar un abogado, fue así como se sumó Adrián Vargas González como representante legal del socio que por amiguismo fue favorecido por la institución que debería procurar la justicia. En cuanto a este abogado, coincide el litigio esbozado con algunas llamativas adquisiones, como un Mini John Cooper Works, bajo la premisa que el amor y el dinero no se pueden ocultar, solo falta ver si tendrá alguna repercusión. Por lo pronto, existe una carpeta de investigación contra el litigante por todo este asunto, así como una más por la documentación elaborada en la citada notaría, donde aparece como titular Alejandro Habib y como adscrito José Habib. RELEVOS, JUNTO CON PEGADO En más de la PGJEH, el lugar de Francisco Santander, como subprocurador de Procedimientos Penales región oriente, será para un sobrino de José Guadarrama de nombre Caleb, interpretado como pago de cuota, mientras que la vacante que dejó Sissi Anette Rodríguez en subprocuradoría de Procedimientos Penales región poniente será para Julia Granados, sobre quien pesa una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), cuando fue funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, y aún así comenzó ya a repartir gritos entre el personal al que advierte tener la confianza “del doctor”.

La operación 70/30 y Alejandro Efraín Florentino Peralta 09-26-2022 Al igual que el sexenio anterior, la nueva administración del gobierno en Hidalgo inició funciones con una férrea fiscalización, que de no terminar con su antecesor tras las rejas se habrá constituido únicamente como pan y circo. El nuevo mandatario estatal, Julio Ramón Menchaca reveló desde Huejutla que descubrieron una red de corrupción donde, al menos hasta ese momento, tenían identificados a seis municipios participantes, es decir, seis alcaldes. Esa detección seguramente está relacionada con la operación 70/30, aquella donde 70 por ciento de los recursos recibidos se retornaban en efectivo y solo 30 por ciento se ejercía en obras y compras para tratar de justificar el total. Algunos alcaldes involucrados son los priistas de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello y de Epazoyucan, Fidel Arce Santander, así como el pesista de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, impuestos como candidatos por Israel Félix Soto. Se sabe ahora que la pirámide del 70/30 era extensa, abarcaba varios secretarios, secretarias de estado y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde lo interesante será ver si efectivamente resultan procesados. El sexenio pasado todo ese arranque persecutorio quedó solo en las detenciones del entonces exsubsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo Pérez Martínez, así como de su hijo que llevaba los dineros en Salud. Y precisamente, la Secretaría de Salud vuelve a ser motivo de una carpeta de investigación, ahora contra el exsecretario, Alejandro Efraín Benítez Herrera por asuntos presuntamente relacionados con el presupuesto y unos préstamos. El galeno, catedrático e investigador que enfrentaba la pandemia de COVID con la analogía del Caballo de Troya, mientras redactaba su tratado denominado Caldo de murciélago, tendrá que enfrentar una intensa investigación financiera. PRIMOR DEL PRI-MOR El nombre más mencionado es el de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, pero resulta que corre una investigación contra el exsecretario de Salud, aunque quien llevaba y traía el dinero era su subsecretario Ignacio Valdez Benítez. A ver quiénes resultan “sacrificados” en aras de legitimar el combate a la corrupción, pues se estima que tres exfuncionarios de primer nivel serán encarcelados, lo que sería excelente. Sin embargo, no hay que olvidar que muchos recursos del sexenio pasado terminaron también en la campaña de Morena.