Consulta indígena en Hidalgo: dos reveses de la SCJN y una cuenta que podría alcanzar 22.7 mdp
Una contratación millonaria no garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y ahora los diputados buscan nuevos recursos para repetir el procedimiento.
Enrique Vega
Dos consultas cuestionadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una tercera inversión en puerta resumen siete años de intentos del Congreso de Hidalgo por regular la representación indígena.
Entre un documento que, según una exdiputada, costó 3 millones de pesos en 2019, los 9 millones 720 mil 800 pesos contratados para la consulta de 2022 y otros 10 millones que ahora busca el Legislativo, el costo alcanzaría 22 millones 720 mil 800 pesos.
MILLONES Y DOS REVESES JUDICIALES
La primera consulta fue organizada en 2019 por la LXIV Legislatura, presidida en la Junta de Gobierno por Ricardo Baptista González.
Según el expediente judicial, acudieron 798 personas a siete sedes.
En diciembre de dicho año, la SCJN invalidó la reforma por deficiencias en la convocatoria y la poca participación comunitaria.
En julio de 2022, la exdiputada Adela Pérez Espinoza denunció que en aquella legislatura se había elaborado un texto cuyo costo rondó los 3 millones de pesos que, a su juicio, no sirvió.
Para el segundo intento, la LXV Legislatura contrató en abril de 2022 a SEAP Consultores S. C. por 9 millones 720 mil 800 pesos.
La adjudicación se efectuó cuando Jorge Hernández Araus encabezaba la Junta de Gobierno y el servicio comprendía trabajos relacionados con la consulta y la actualización del catálogo de comunidades indígenas.
El desembolso tampoco garantizó la validez del resultado, por lo que el 7 de diciembre de 2023, la SCJN invalidó el Decreto 576, que reformaba el Código Electoral en materia de participación y representación política indígena y afromexicana.
Los ministros encontraron que entre la difusión de la convocatoria y el inicio de la consulta transcurrieron 20 días, frente a los 30 que exigía la legislación estatal.
Además, los cuadernillos empleados para registrar opiniones no habían sido acordados con las comunidades ni traducidos a sus lenguas, y no se acreditó cuáles propuestas fueron aceptadas o rechazadas.
La Corte consideró cumplidas las fases preconsultiva e informativa, pero declaró deficientes las de deliberación, diálogo y decisión, por ello ordenó al Congreso reponer el proceso.
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¿QUÉ SE CONSULTA Y POR QUÉ IMPORTA?
La consulta no busca decidir obras ni repartir apoyos, su función es garantizar que los pueblos indígenas y afromexicanos puedan deliberar sobre cambios a las leyes que inciden directamente en sus derechos políticos, conforme a sus formas de organización y con información comprensible en sus propias lenguas.
Entre los asuntos centrales están las reglas para su representación en el Congreso y los ayuntamientos, las candidaturas mediante acciones afirmativas y la manera de reconocer un vínculo efectivo con las comunidades cuando se postula a una persona a un espacio reservado.
No basta con reunir asistentes y llenar cuestionarios, por lo que las autoridades deben acreditar que hubo tiempo para deliberar, diálogo y un registro verificable de lo que propusieron las comunidades y de la respuesta legislativa.
ASAEL CERÓN Y LA DISPUTA POR LA REPRESENTACIÓN
Las controversias por quién puede ocupar una candidatura indígena tuvieron un ejemplo en 2024, año en el que el panista Asael Hernández Cerón recibió una diputación federal plurinominal por acción afirmativa indígena, junto con su suplente y esposa, Martha Margeri Rivera Núñez.
Eloy Salmerón Díaz impugnó la asignación y cuestionó su vínculo con la comunidad otomí de Puerto de Piedra, en Nicolás Flores.
Sin embargo, el 28 de agosto de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal confirmó la diputación al considerar que las pruebas presentadas no desvirtuaron la acreditación indígena aceptada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El caso se resolvió bajo normas electorales federales y no fue consecuencia de la consulta invalidada en Hidalgo, pero ilustra la importancia de contar con reglas claras de autoadscripción y representación.
También está pendiente el reconocimiento de comunidades, pues en noviembre de 2025, Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, informó que el Congreso tenía unos 450 expedientes de localidades que buscaban incorporarse al catálogo estatal y estimó que podrían llegar a 600.
En septiembre de 2026, el funcionario pidió participar en los foros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) sobre acciones afirmativas de 2027 y alertó sobre la usurpación de identidad indígena en candidaturas. Esos foros y la actualización del catálogo son distintos de la consulta que debe reponer el Congreso.
OTROS 10 MILLONES Y CUENTAS POR ACLARAR
El 10 de noviembre, Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, informó que negocia con la Secretaría de Hacienda estatal alrededor de 10 millones de pesos para una nueva consulta, con la posibilidad de obtenerlos este año o presupuestarlos para 2027.
El dinero se destinaría a traslados, viáticos, investigadores y personal desplegado en las regiones.
Velázquez Vázquez planteó un dialogo con la SCJN para evitar repetir etapas ya satisfechas. También señaló como referencia febrero de 2027 para cumplir.
En tanto, la diputada Yarabi González Martínez adelantó que el Legislativo pretende organizar los trabajos directamente, sin contratar otra empresa, y llevar la consulta a los 84 municipios con apoyo institucional.
El contraste es significativo, pues aunque se prescindiría de un proveedor externo, la nueva estimación se acerca al precio pagado en 2022.
A ello se añade que el presidente de la Junta de Gobierno prometió en septiembre de 2024 revisar el destino de los recursos del ejercicio invalidado, pero hasta ahora no se ha localizado un informe público de resultados ni de recuperación de dinero.
Así, el costo potencial podría llegar a 22.7 millones de pesos, siempre que se confirme el antecedente de 3 millones y se autorice íntegro el nuevo presupuesto.
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Lo que ya está acreditado es el contrato por 9.7 millones y la obligación judicial aún pendiente: traducir las consultas en reglas válidas para que los pueblos originarios participen en las decisiones que les conciernen.
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