El costo de garantizar la justicia
Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(09-29-2026)
El artículo 17 de nuestra Constitución reconoce algo que parece sencillo, pero cuya materialización representa uno de los mayores desafíos para cualquier Estado: que todas las personas puedan acceder a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
Sin embargo, detrás de cada resolución existen personas, infraestructura, tecnología y recursos públicos. Por ello, hablar del derecho de acceso a la justicia también exige preguntarnos cuáles son las condiciones necesarias para hacerlo realidad.
El desafío comienza cuando aumenta la demanda de justicia. Una sociedad más informada sobre sus derechos, con mayores mecanismos para exigirlos y con problemas jurídicos cada vez más complejos genera, naturalmente, una mayor actividad de los tribunales. Esto representa un avance democrático, pero también exige que las instituciones evolucionen al mismo ritmo.
En ese escenario aparecen dos derechos que no deberían entenderse como contrapuestos. Por una parte, la sociedad tiene derecho a recibir una respuesta judicial oportuna y de calidad; por otra, quienes hacen posible diariamente esa función tienen también derecho a condiciones laborales adecuadas.
La respuesta, por tanto, difícilmente puede encontrarse en alguno de los extremos. No sería sostenible pretender solucionar cada incremento de trabajo exclusivamente mediante la creación permanente de nuevas plazas y órganos jurisdiccionales; pero tampoco lo sería enfrentar una demanda creciente simplemente aumentando las cargas de quienes ya integran el sistema.
El verdadero reto consiste en hacer más eficiente la justicia sin deshumanizarla.
La experiencia internacional ofrece algunas pistas. La inversión en justicia comienza a dirigirse no solamente hacia edificios o crecimiento de plantillas, sino también hacia mejores sistemas de gestión, expedientes electrónicos, interoperabilidad entre instituciones, capacitación, mecanismos alternativos de solución de controversias y nuevas tecnologías capaces de reducir las tareas repetitivas que actualmente consumen buena parte del tiempo de los órganos jurisdiccionales.
La tecnología, incluida la inteligencia artificial, puede convertirse en una herramienta importante, siempre que permanezca al servicio de las personas y no pretenda sustituir el juicio humano que necesariamente acompaña a la función jurisdiccional.
También resulta indispensable conocer mejor cómo funciona el propio sistema. No todos los tribunales enfrentan las mismas cargas ni todos los asuntos requieren el mismo esfuerzo. Medir ingresos, tiempos de resolución, complejidad y cargas reales de trabajo permitiría distribuir de manera más racional tanto los recursos económicos como los humanos.
Pero existe todavía una posibilidad más ambiciosa: evitar que todos los conflictos tengan que llegar necesariamente ante un juez. Fortalecer la mediación, la conciliación y otros mecanismos de solución temprana puede representar una inversión mucho más eficiente que esperar a que cada diferencia social termine convertida en un expediente judicial.
Por ello, quizá la discusión sobre el presupuesto destinado a la justicia debería superar la pregunta de cuánto cuesta mantener a los tribunales y comenzar por otra mucho más importante: ¿cuánto necesita invertir una sociedad para garantizar efectivamente el derecho de sus habitantes a obtener justicia?
Encontrar ese equilibrio requiere responsabilidad de todos. De quienes administran los recursos públicos, para utilizarlos con eficiencia; de quienes integran las instituciones judiciales, para adaptarse a nuevas formas de trabajo; y del Estado, para proporcionar condiciones materiales y humanas compatibles con la responsabilidad que constitucionalmente ha depositado en sus tribunales.
Porque una justicia sostenible no se construye enfrentando a quienes la imparten con quienes la administran. Se construye entendiendo que detrás de ambos existe un mismo destinatario: la persona que acude a un tribunal esperando que el derecho que la Constitución le reconoce pueda convertirse, finalmente, en justicia.
Finalmente, existe un aspecto que tampoco puede perderse de vista: juzgar no es la única responsabilidad de quien encabeza un órgano jurisdiccional. Juezas, jueces y magistraturas son también responsables de conducir equipos humanos y administrar adecuadamente los recursos que el Estado pone a su disposición.
Por ello, las capacidades jurídicas, aunque indispensables, ya no son suficientes. Quien dirige un tribunal debe ser también un verdadero líder: saber organizar el trabajo, distribuir las cargas con equilibrio, establecer prioridades, escuchar a su personal, reconocer sus capacidades y generar condiciones para que cada integrante pueda desempeñar adecuadamente su función.
El liderazgo judicial tampoco consiste simplemente en exigir resultados. Implica comprender que detrás de cada estadística existen expedientes que esperan una respuesta, pero también personas encargadas de construirla. Una adecuada organización puede reducir cargas innecesarias, mejorar tiempos y, al mismo tiempo, preservar condiciones dignas de trabajo.
Al final, el reto no consiste en elegir entre productividad y derechos laborales, ni entre eficiencia y calidad. Consiste en construir instituciones capaces de armonizarlos. Y en esa tarea, quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos deben asumir que el liderazgo también forma parte del compromiso con la justicia.
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