Entre la norma y la realidad: la reforma silenciosa al delito de violación en la Ciudad de México

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(05-05-2026)

El derecho penal suele reaccionar tarde. Pero cuando se adelanta sin medir consecuencias, también falla.

El pasado 27 de marzo de 2026, el Código Penal de la Ciudad de México dio un giro que no puede pasar desapercibido: la edad de consentimiento sexual se redujo de 18 a 15 años. Con ello, lo que hasta hace unas semanas podía ser considerado violación equiparada —aunque existiera consentimiento— hoy deja de ser delito en una gran cantidad de casos.

Dicho sin rodeos: una persona de 15 años puede consentir válidamente relaciones sexuales, incluso con un adulto, y ese consentimiento tiene efectos jurídicos plenos.

Cuando la realidad rebasó a la norma

Durante años, el sistema penal operó bajo una lógica rígida: toda relación sexual con una persona menor de 18 años implicaba, automáticamente, la invalidez del consentimiento, bajo el argumento de una supuesta inmadurez psicoemocional.

En el papel sonaba protector. En la práctica, muchas veces fue injusto.

Desde mi experiencia profesional en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, advertí una constante: la norma no distinguía contextos.

Parejas de adolescentes —ella de 16 o 17, él de 18 o 19— quedaban atrapadas en una tipificación penal que no atendía a la realidad de su relación. Sin violencia. Sin coerción. Sin abuso.

Y, sin embargo, con consecuencias devastadoras.

No fueron pocos los casos en los que un joven terminaba privado de la libertad, no por un acto de violencia, sino por el enojo de los padres de la menor. La ley, diseñada para proteger, terminaba castigando relaciones que, socialmente, eran una extensión de una realidad que ya estaba ocurriendo.

Porque hay que decirlo como es: los adolescentes en México inician su vida sexual cada vez a edades más tempranas. Datos de la Secretaría de Salud y la ENADID han señalado que el inicio de la vida sexual ocurre, en promedio, entre los 15 y 17 años en el país.

La norma no puede ignorar eso.

La reforma: ¿corrección o exceso?

En ese contexto, la reforma parece, en principio, una corrección necesaria: evitar la criminalización automática de relaciones consentidas entre adolescentes.

Pero el problema no está en lo que corrige. Está en lo que desatiende.

Como bien advierte el abogado Mario Uribe, esta reforma no distingue entre escenarios profundamente distintos:

• No es lo mismo una relación entre una joven de 17 y su pareja de 18

• Que una relación entre una adolescente de 15 y un adulto de 50

Y, sin embargo, hoy la ley las coloca en el mismo plano jurídico, siempre que no exista violencia o engaño.

Ese es el punto crítico.

Efectos que ya están en marcha

Las consecuencias no son teóricas. Son inmediatas:

• Personas sentenciadas por violación equiparada podrán obtener su libertad

• Procesos en curso pueden sobreseerse

• Las víctimas perderán el derecho a la reparación del daño

La ley cambió… y con ello, también la lectura del pasado.

Pero hay más.

La reforma abre la puerta a escenarios que difícilmente pueden considerarse deseables: una persona de 15 años, que legalmente no puede celebrar contratos civiles complejos, ahora puede consentir relaciones sexuales incluso mediando un beneficio económico.

No parece haber sido esa la intención del legislador. Pero es un efecto directo.

Un debate que nunca ocurrió

Quizá lo más preocupante no es el contenido de la reforma, sino la forma en que se aprobó.

Sin parlamento abierto.Sin discusión pública.Sin análisis serio de sus implicaciones.

Una modificación de esta magnitud debió construirse con evidencia, con especialistas, con perspectiva de derechos humanos y, sobre todo, con responsabilidad.

No ocurrió.

Entre la ficción y la realidad

El dilema no es nuevo. Incluso ha sido reflejado en la cultura contemporánea.

En la película She Came to Me, protagonizada por Anne Hathaway y Peter Dinklage, una de las tramas centrales aborda justamente este conflicto: cuando el derecho intenta encuadrar relaciones humanas complejas en categorías rígidas.

La realidad rara vez cabe en el tipo penal.

Lo que viene

Esta reforma no cierra el debate. Lo abre.

Porque si bien corrige excesos del pasado, también genera nuevas zonas de riesgo frente a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.

El equilibrio es delicado: evitar la criminalización injusta sin desproteger a quienes sí están en situación de vulnerabilidad.

Hoy, ese equilibrio no está claro.

A modo de reflexión. 

El derecho no puede ser ciego a la realidad social. Pero tampoco puede renunciar a su función protectora.

Regular la conducta humana no es solo reconocer lo que ocurre, sino decidir qué estamos dispuestos a permitir como sociedad.

La pregunta sigue en el aire —y es incómoda por definición—:

¿Esta reforma protege mejor… o simplemente deja de intervenir?

Porque entre la norma y la justicia, siempre hay una línea delgada.

Y esta vez, parece que la movimos demasiado rápido.