México bajo la lupa internacional: lo que está en juego no es la imagen, es el rumbo
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Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(7-04-2026)
Hay momentos en los que el derecho internacional deja de ser un concepto lejano y se convierte en un espejo incómodo. México está entrando en uno de esos momentos.
Dos asuntos distintos, pero profundamente conectados, colocan hoy al Estado mexicano bajo observación internacional: la reforma judicial y la crisis de desapariciones. Ambos están apenas en fases iniciales. Pero el dato relevante no es el desenlace —todavía incierto—, sino el hecho mismo de que México ya está siendo examinado desde fuera por los compromisos que voluntariamente asumió.
El primer frente se abrió en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado mexicano a responder una petición promovida por personas juzgadoras que cuestionan la reforma judicial, para lo cual cuenta con cuatro meses para realizar la contestación oficial. La CIDH analiza si la reforma pudo afectar la independencia judicial, desarticular la carrera judicial y debilitar mecanismos de control interno. En otras palabras, el debate dejó de ser únicamente político o constitucional y empezó a medirse con estándares internacionales. Ese es el verdadero punto de inflexión.
El segundo frente es igual de delicado. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONO, decidió activar un mecanismo excepcional previsto en la Convención internacional y llevar la situación de México a la atención de la Asamblea General de la ONU. Lo hizo al considerar que existe información con indicios fundados de que las desapariciones en el país podrían alcanzar la gravedad de crímenes de lesa humanidad, vale decir que dicha actuación es uno de los mecanismos más serios que existen en el sistema internacional.
Y justo en este punto aparece una discusión que no es menor. En días recientes, desde espacios oficiales y públicos, se ha intentado restar relevancia a la magnitud del problema bajo el argumento de que muchos casos de desaparición no cuentan con carpeta de investigación. Esa línea es jurídicamente insostenible.
Como lo ha advertido Santiago Corcuera —expresidente del propio Comité—, la existencia de una carpeta de investigación no es un requisito legal para que una desaparición sea considerada como tal. Condicionar el reconocimiento del fenómeno a ese elemento no solo distorsiona la realidad, sino que reduce artificialmente la dimensión del problema. Y peor aún: debilita la posición del Estado mexicano frente a los órganos internacionales, porque el derecho internacional de los derechos humanos no se construye a partir de formalismos administrativos, sino de hechos u omisiones del Estado. Y hasta ahora todo apunta que en México hay una crisis de desapariciones que no puede ser relativizada con criterios burocráticos.
Aquí es donde ambos temas se cruzan.
Por un lado, un cuestionamiento sobre la independencia judicial. Por el otro, una observación internacional sobre una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En medio, un Estado que tiene que decidir cómo va a responder: si desde la negación o desde la responsabilidad.
Conviene decirlo sin rodeos: el problema no es que México esté siendo observado. El problema sería que, frente a esa observación, la respuesta sea minimizar, descalificar o cerrar filas en lugar de abrir espacios de corrección. Porque el escrutinio internacional no es un castigo automático. Es, muchas veces, una oportunidad. Una oportunidad para ajustar políticas públicas, para fortalecer instituciones, para corregir errores antes de que se conviertan en responsabilidades internacionales formales.
En el caso de la reforma judicial, la prueba será si el Estado puede sostener —con argumentos compatibles con los estándares interamericanos— que no se afectó la independencia judicial. En el caso de las desapariciones, la prueba es mucho más profunda: si existe una voluntad real de asumir la dimensión de la crisis o si se seguirá administrando políticamente el problema. México ya no está discutiendo estos temas solo consigo mismo.
Y cuando el derecho internacional entra en la conversación, hay algo que cambia para siempre: las decisiones dejan de medirse únicamente por su viabilidad política y empiezan a evaluarse por su compatibilidad con los estándares que el propio Estado aceptó cumplir. Ahí es donde empieza la parte verdaderamente incómoda, y también la más importante.
Porque al final, la pregunta no es si México será señalado o no, la pregunta es si, cuando el mundo lo mire, México va a estar dispuesto a corregir… o a sostener que no hay nada que corregir.
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