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Volver a amar no debería costar una pensión

hace 1 día
3 min de lectura

Entre la norma y la justicia



Alfonso Verduzco


(11-17-2026)


¿Qué sucede cuando una persona que recibe una pensión por viudez decide rehacer su vida y contraer nuevamente matrimonio? 


Aunque parezca sorprendente, la legislación mexicana contempla la pérdida de esa prestación como consecuencia de una decisión tan personal como volver a casarse o vivir en concubinato.


El artículo 135, fracción II, de la Ley del ISSSTE establece esa consecuencia y dispone, como última prestación, el equivalente a seis meses de pensión. Una restricción semejante aparece en el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, aunque con una compensación económica diferente.


Surge entonces una pregunta inevitable: ¿es constitucional obligar indirectamente a una persona a permanecer viuda para conservar un derecho pensionario?


La disposición no prohíbe expresamente contraer matrimonio. Sin embargo, condiciona la continuidad de un ingreso económico al estado civil de su beneficiario. En otras palabras, coloca a la persona ante una disyuntiva injustificada: conservar su pensión o ejercer libremente su derecho a formar una nueva familia.


El artículo 1º de nuestra Constitución es particularmente claro al prohibir toda discriminación motivada, entre otras circunstancias, por el estado civil de las personas, cuando tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.


Pero existe otra cuestión igualmente importante: ¿qué sucede con los derechos de seguridad social generados por la persona fallecida mediante las aportaciones realizadas durante su vida laboral?


La pensión de viudez no constituye una dádiva del Estado. Es una prestación derivada del sistema de seguridad social, cuya finalidad es proteger económicamente a los beneficiarios de la persona trabajadora después de su fallecimiento. Su origen no desaparece porque quien sobrevivió decida reconstruir su vida sentimental.


Precisamente sobre este problema, la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 207/2023, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, del cual surgió la jurisprudencia 2a./J. 50/2023 (11a.), registro digital 2027196.


En esa resolución se establecieron tres consideraciones fundamentales.


Primero, que retirar la pensión a quien contrae nuevas nupcias genera una distinción injustificada respecto de quienes deciden permanecer en viudez. 


Segundo, que la pensión deriva de la protección de seguridad social generada durante la vida laboral de la persona fallecida y constituye un derecho propio de su beneficiario. 


Tercero, que el ejercicio de un derecho fundamental, como formar una nueva familia, no puede convertirse en condición para perder otro, como la seguridad social.


La Corte concluyó que la disposición impugnada vulneraba los principios constitucionales de igualdad y seguridad social. Posteriormente, en 2024, sostuvo un criterio semejante al examinar una disposición de la Ley del Seguro Social de 1973.


Este tipo de situaciones permite comprender la importancia del juicio de amparo. Una disposición puede encontrarse formalmente vigente y, sin embargo, ser contraria a la Constitución. El amparo constituye precisamente uno de los instrumentos para proteger a las personas frente a leyes y actos de autoridad que vulneran sus derechos fundamentales.


La enseñanza trasciende el caso de las pensiones. En un Estado constitucional, la seguridad social debe proteger a las personas, no condicionar sus decisiones íntimas ni imponerles un determinado proyecto de vida.


Porque rehacer una vida no significa renunciar al pasado, y mucho menos perder los derechos que legítimamente se adquirieron. La pérdida de un ser querido no puede convertirse en una obligación de permanecer en soledad para conservar una pensión.


@AlfonsoVerduzco


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