Actopan arrastra 14.2 millones de pesos sin aclarar y esconde contratos
- 2 mar
- 3 Min. de lectura
El ayuntamiento de Imelda Cuéllar continúa sin aclarar el destino de 14.2 mdp de la Cuenta Pública 2024 y esconde los contratos señalados por la ASF.

Enrique Vega
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó más de 14 millones de pesos a Actopan, Hidalgo como resultado del análisis a la Cuenta Pública 2024.
Según el informe individual de la ASF, al municipio enclavado en el Valle del Mezquital le revisaron 28 millones de pesos provenientes de recursos federales, de los cuales 14 millones 208 mil 283 pesos no fueron plenamente comprobados.
La auditoría detectó falta de documentación suficiente, inconsistencias en expedientes técnicos y pagos que no acreditaron de manera clara la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas en Actopan durante 2024.

Mientras no se entregue la información que justifique el gasto, el dinero permanece en estado de monto por aclarar y puede considerarse como probable daño a la Hacienda Pública Federal.
TATIANA E IMELDA
El año auditado comprendió dos administraciones municipales, hasta los primeros días de septiembre de 2024, el ayuntamiento estuvo encabezado por Tatiana Ángeles Moreno, que fue relevada por la actual alcaldesa, Imelda Cuéllar Cano, ambas emanadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lo anterior, significa que las observaciones comprenden ocho meses de gobierno de Ángeles Moreno, ahora diputada federal por Actopan, y cuatro de Cuéllar Cano, que ha sido señalada durante su mandato por presunta opacidad.

¿CUENTAS CLARAS?
El informe federal también menciona contratos específicos identificados con números de referencia dentro de los anexos técnicos.
Sin embargo, este portal informativo buscó dichos contratos utilizando las claves señaladas en el documento, tanto en el portal oficial del municipio como en las plataformas de transparencia, pero no fue posible encontrarlos disponibles en línea.
La falta de acceso a esos documentos impide conocer públicamente los detalles de contratación, montos exactos y alcances de los servicios u obras señaladas en las observaciones, a diferencia de otros municipios auditados.
FERIA DE LA BARBACOA
La organización de la Feria de la Barbacoa 2025 colocó a la administración municipal de Imelda Cuéllar Cano en el centro del debate público, debido a cuestionamientos sobre el gasto ejercido y la transparencia en la contratación de servicios.
Durante el desarrollo del evento, integrantes del Cabildo solicitaron información detallada sobre los montos destinados a la feria, los contratos celebrados y los criterios utilizados para la asignación de espacios y servicios.

Según la alcaldesa morenista el evento contó con un presupuesto autorizado de 24 millones de pesos, de los cuales se ejercieron alrededor de 14 millones de pesos en la realización de la feria.
SEÑALAMIENTOS
Algunos regidores señalaron inconsistencias entre la información difundida oficialmente y los datos disponibles en plataformas de transparencia, por lo que pidieron que se hicieran públicos los contratos y expedientes completos.
Ante eso, la alcaldesa defendió la inversión realizada y aseguró que los recursos fueron ejercidos conforme a la normativa, además de insistir que la información se encontraba disponible en los canales oficiales.
SUELDOS DORADOS
De acuerdo con el tabulador publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2024 la presidenta municipal de Actopan percibía un salario mensual de 43 mil pesos, mientras que cada una de las dos sindicaturas recibía 40 mil pesos mensuales y las 16 regidurías 37 mil pesos cada una.
En términos de promedio, el Cabildo de Actopan, sin considerar el salario de la alcaldesa, tuvo una remuneración mensual aproximada de 37 mil pesos por integrante, cifra que representa casi cuatro veces el salario mínimo mensual vigente en el país.

Si se compara con el ingreso de un trabajador que percibe el salario mínimo, la alcaldesa gana el equivalente a cinco salarios mínimos al mes, al igual que las dos sindicaturas, mientras que la población denuncia inseguridad y carencias en materia de infraestructura urbana y servicios.
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