Administración de Imelda Cuéllar bajo investigación por controversia en Feria de la Barbacoa
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La Feria de la Barbacoa en Actopan 2025 dejó pagos pendientes y servicios extraordinarios sin formalizar
Enrique Vega
Lo que comenzó como un contrato para brindar servicios de seguridad privada durante la Feria de la Barbacoa de Actopan 2025 terminó escalando hasta una carpeta de investigación por presunto fraude, requerimientos de pago y señalamientos contra integrantes del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Imelda Cuéllar Cano.
Lo que inicialmente fue una relación laboral para cubrir uno de los eventos más importantes del municipio derivó meses después en una disputa que salió de oficinas administrativas y terminó en instancias ministeriales.
Documentos, entrevistas y escritos ingresados ante autoridades estatales y municipales muestran que el conflicto ya no se encuentra únicamente en el terreno de desacuerdos administrativos o versiones encontradas, sino dentro de un expediente que ya cuenta con actuaciones y registros oficiales.
La empresa de seguridad privada SEGTAHE S.A. de C.V. sostiene que realizó servicios del rubro durante la feria de Actopan, en julio de 2025, y posteriormente no recibió el pago correspondiente; mientras que, de acuerdo con los planteamientos asentados dentro de la controversia, desde el ayuntamiento se defiende la inexistencia de documentación complementaria para respaldar algunos trabajos adicionales realizados durante el desarrollo del evento.
YA HAY DENUNCIA PENAL POR FRAUDE
La disputa quedó asentada dentro de la carpeta de investigación NUC: 01-2026-00409, abierta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde aparecen incorporados documentos, cotizaciones y referencias a contratos relacionados con los servicios prestados durante la feria del año pasado.
Los documentos consultados muestran que el origen del conflicto se remonta a mediados de 2025. El 13 de junio de 2025 fue emitida una primera cotización para proporcionar servicios de seguridad privada durante la feria.
Posteriormente, el 4 de julio de 2025, se formalizó un contrato de servicios de vigilancia entre el ayuntamiento y la empresa.
Dentro del documento aparecen las firmas de la presidenta municipal Imelda Cuéllar Cano y del entonces secretario municipal Juan Carlos Soto González.
De acuerdo con la información integrada en la documentación revisada, una parte de los servicios originalmente contratados sí fue cubierta mediante pagos iniciales; sin embargo, la controversia actual se centra en trabajos adicionales que presuntamente surgieron durante el desarrollo de la feria y que implicaron incremento de personal, ampliación operativa y jornadas extraordinarias.
La situación comenzó a modificarse días después, el 11 de julio de 2025, a partir de la necesidad de incrementar el número de elementos de seguridad para distintos eventos masivos contemplados dentro de la Feria de Actopan.
Dicha ampliación implicaría posteriormente la elaboración de un adendum al contrato original celebrado el 4 de julio; sin embargo, ese documento adicional presuntamente nunca terminó formalizándose.
La ausencia de dicho documento aparece como uno de los principales puntos de conflicto dentro del caso, debido a que la empresa sostiene que los servicios extraordinarios sí fueron ejecutados, mientras que el ayuntamiento actopense se desentendió de la situación.
EL DÍA CLAVE Y LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN
La cronología coincide con uno de los episodios más recordados de la Feria de la Barbacoa Actopan 2025, como lo fue la presentación de La Arrolladora Banda El Limón el 9 de julio de 2025, evento que generó aglomeraciones y cuestionamientos sobre la logística de seguridad implementada en el Teatro del Pueblo.
Durante aquellos días circularon videos en redes sociales que mostraban derribo de vallas metálicas, empujones y aglomeraciones en los accesos, en uno de los momentos con mayor atención pública durante aquella edición de la feria.
Aunque oficialmente no se reportaron víctimas fatales, las imágenes generaron cuestionamientos respecto al manejo operativo del evento.
Según los señalamientos incorporados al expediente, aquella situación habría derivado en el incremento de elementos de seguridad, ampliación de jornadas laborales y movilización de personal adicional inicialmente no contemplado dentro del contrato original.
Los denunciantes aseguran que dichos ajustes operativos generaron costos adicionales relacionados con nómina, logística y funcionamiento del servicio
EL ADEUDO DE MÁS DE 380 MIL PESOS
El monto reclamado actualmente asciende aproximadamente a 380 mil pesos más IVA y diversos conceptos derivados de trabajos que, aseguran, fueron realizados durante el desarrollo de la feria.
Dentro de los documentos también aparece mencionado Juan Alonso Aguirre Lucio, identificado como tesorero municipal de Actopan, contra quien igualmente se solicita investigar posibles conductas derivadas de los hechos narrados dentro de la carpeta de investigación.
Entre los elementos mencionados dentro de los señalamientos, también se hace referencia a la presunta existencia de un pago que habría sido autorizado posteriormente; sin embargo, dicha situación forma parte de los elementos incorporados al expediente y corresponderá a las autoridades determinar su existencia y destino.
Meses después, el conflicto dejó de permanecer únicamente dentro de expedientes ministeriales y alcanzó también instancias administrativas, ya que el 15 de abril de 2026, la empresa promovió un requerimiento de pago ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Actopan, donde informó sobre la existencia de la carpeta de investigación y presentó documentación relacionada con el caso.
El sello de recepción indica que dicho escrito fue recibido el 27 de abril de 2026, y entre los documentos anexados aparecen la cotización inicial del 13 de junio de 2025, el contrato firmado el 4 de julio del mismo año, así como la cotización posterior emitida el 11 de julio, relacionada con el incremento de personal y la eventual elaboración del adendum.
Hasta ahora, la carpeta continúa abierta y corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades o descartar posibles irregularidades.
Por ahora, lo que comenzó como un contrato para resguardar una feria terminó trasladándose a una arena completamente distinta: la ministerial. La discusión ya no gira únicamente sobre conciertos, accesos o dispositivos de seguridad, sino sobre contratos, pagos pendientes, servicios extraordinarios y un expediente que ya cuenta con un número oficial de investigación.
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