Combatir el fraude sin silenciar la crítica

Entre la norma y la justicia

AlfonsoVerduzco

(10-13-2026)

El desarrollo de la inteligencia artificial ha generado nuevos desafíos para la protección de nuestros derechos. Hoy es posible reproducir la imagen y la voz de una persona para hacerla aparecer promoviendo inversiones, negocios o servicios inexistentes. Estas prácticas pueden convertirse en instrumentos de fraude que afectan el patrimonio y la confianza de miles de ciudadanos.

Frente a esta realidad, resulta legítimo y necesario que el Estado intervenga para prevenir y sancionar los abusos tecnológicos. Precisamente, bajo esa finalidad, el Senado de la República aprobó el pasado 30 de septiembre reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que aún deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

El Gobierno Federal ha sostenido que estas modificaciones buscan combatir la suplantación de identidad institucional y los fraudes realizados mediante herramientas digitales, sin restringir la crítica política ni las expresiones satíricas.

Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, sectores ciudadanos y partidos de oposición, que advierten sobre posibles interpretaciones que permitan utilizar estas disposiciones para limitar la libertad de expresión. El debate también se ha extendido a otras reformas en materia de derechos de autor y responsabilidades de los proveedores de servicios de internet.

Ambas preocupaciones merecen ser atendidas. Por una parte, ninguna sociedad puede permanecer indiferente ante el uso de tecnologías para engañar y perjudicar a las personas. Por otra, tampoco puede desconocerse que las redes sociales se han convertido en espacios fundamentales para la participación ciudadana, la denuncia de irregularidades y el escrutinio de las decisiones gubernamentales.

La libertad de expresión, reconocida en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, constituye uno de los pilares de cualquier democracia. Su protección comprende no solamente las opiniones favorables al poder, sino también aquellas que resultan incómodas, severas o expresadas mediante la sátira y el humor político.

En este sentido, existe una distinción fundamental: quien decide ejercer una función pública debe aceptar un mayor grado de escrutinio y tolerancia frente a la crítica que aquel exigible a un particular. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la relevancia pública de las funciones desempeñadas justifica una protección especialmente amplia del debate ciudadano.

Desde luego, la libertad de expresión no es absoluta. Su ejercicio debe encontrar límites racionales cuando se vulneran injustificadamente los derechos de terceros o se utiliza como instrumento para cometer conductas ilícitas. Sin embargo, una expresión crítica no puede considerarse dañina únicamente porque incomode, moleste o cuestione a quienes ejercen el poder.

Por ello, el verdadero desafío legislativo consiste en construir normas suficientemente claras para distinguir entre una conducta fraudulenta y una manifestación legítima del pensamiento. Las restricciones deben ser necesarias, proporcionales y contar con garantías que impidan aplicaciones arbitrarias.

No se trata de elegir entre proteger a las víctimas de fraudes digitales o defender la libertad de expresión. Una democracia sólida tiene la obligación de garantizar ambos derechos, sin convertir la protección de uno en una justificación para debilitar al otro.

Como ciudadanos responsables debemos permanecer atentos al desarrollo de estas reformas, conocer su contenido y exigir que su aprobación responda al interés general, mediante un debate abierto que permita corregir cualquier disposición susceptible de interpretaciones abusivas.

Porque, finalmente, la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de críticas hacia sus gobernantes, sino por la capacidad de sus instituciones para escucharlas, tolerarlas y responder a ellas, sin renunciar a su obligación de proteger los derechos de todas las personas.

@AlfonsoVerduzco