Cuando el crimen se convierte en sistema: La criminalidad no solo mata. También empobrece
- hace 3 días
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Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(03 - 03 -2026)
El domingo 28 de febrero de 2026 marcó un punto de quiebre simbólico: la captura y abatimiento del líder del cártel más peligroso y sanguinario del país reactivó un debate que nunca debió apagarse. No se trata solo de un golpe táctico. Se trata de entender el tamaño real del fenómeno que enfrentamos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal vinculado al crimen organizado genera más de 2 billones de dólares anuales. Esa cifra equivale al 3.6% del PIB mundial. Traducido a escala latinoamericana: cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el de Colombia.
El Foro Económico Mundial, con base en estudios del Global Financial Integrity, estima más de un billón de dólares anuales. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos calcula conservadoramente que los cárteles mexicanos obtienen entre 37 mil y 58 mil millones de dólares al año.
No hablamos de delincuencia marginal. Hablamos de una economía paralela global, sofisticada, diversificada y profundamente integrada a circuitos formales.
La economía criminal como estructura
Las actividades más rentables incluyen narcotráfico, falsificación, trata de personas y órganos, tráfico ilegal de petróleo y de vida silvestre. Pero el narcotráfico sigue siendo el núcleo estructurante: el eje que articula redes financieras, logísticas y políticas.
Lo más preocupante no es solo su tamaño, sino su interconexión con la economía formal e informal. No existen fronteras claras entre ellas. Hay zonas grises, interdependencias y complicidades. Esto complica la persecución penal y limita la eficacia de políticas fragmentadas.
La narcoeconomía no es un fenómeno aislado: es un sistema que acumula poder, capital y control territorial.
El “impuesto criminal” al ciudadano
Cuando el Estado pierde capacidad de control territorial, el crimen organizado llena el vacío. Y no como una fuerza clandestina, sino como un actor que impone reglas, cobra cuotas y regula mercados.
El ciudadano ya paga impuestos federales (IVA, ISR), estatales (nómina, hospedaje), municipales (predial, traslado de dominio, espectáculos). A eso se suma el “derecho de piso”, pagos por “seguridad”, cuotas por transporte, por cosecha, por distribución.
En sectores como el aguacate, la piña, el chile, el transporte de mercancías o la venta de servicios, esos costos ilícitos ya forman parte del precio final.
Eso encarece la vida.
Si en un solo día se queman 200 tráileres con pérdidas cercanas a 60 millones de pesos, las aseguradoras ajustan primas. El riesgo se traduce en costo. El costo se traslada al consumidor. La violencia termina impactando el bolsillo del ciudadano común.
La criminalidad no solo mata. También empobrece.
El riesgo de normalizar lo inaceptable
Es frecuente escuchar: “Somos más los buenos que los malos”. Puede ser cierto en número, pero no en organización ni en capacidad de presión. La pasividad social termina siendo el mayor aliado del crimen estructural.
No debemos acostumbrarnos a pagar doble: impuestos legales y cuotas ilegales. No debemos resignarnos a que la violencia sea un factor ordinario en el cálculo económico.
La reciente información que revela posibles vínculos de autoridades con redes criminales agrava el diagnóstico. Cuando el Estado se contamina, el sistema se fractura.
Pero incluso en ese escenario existe una herramienta silenciosa y poderosa: el voto libre y razonado.
En las democracias, el voto es más que un derecho. Es un mecanismo de exigencia institucional. Es la vía para reclamar seguridad, legalidad y resultados. Venderlo o trivializarlo es renunciar al único instrumento pacífico de transformación estructural.
La captura de un líder criminal no desmantela una economía ilícita global. Eso exige instituciones sólidas, política pública consistente y ciudadanía activa.
La pregunta no es si el golpe del domingo fue importante. Lo fue.
La pregunta es si como sociedad vamos a permitir que el crimen siga funcionando como un “orden paralelo” o si vamos a exigir que el único orden legítimo sea el del Estado de derecho.
El futuro no se define solo en operativos. Se define en decisiones colectivas.
Y esa decisión, nos guste o no, empieza en las urnas.
En X @AlfonsoVerduzco
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Como sociedad ya estamos trabajando en ello, desaparecer al mcprian.