Entre la dignidad y el cinismo: cuando el poder se sirve a sí mismo

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(04-21-2026)

Recientemente en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, la presidenta de México evocó una frase que debería ser brújula ética del servicio público:

 “no debe premiarse a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella”.

La cita, atribuida a Josefa Ortiz de Domínguez, no es retórica histórica: es una línea divisoria entre la dignidad y el cinismo.

Y es justo ahí donde hoy estamos fallando.

Porque mientras el discurso invoca principios, la realidad exhibe prácticas que los contradicen sin pudor. El caso reciente de Marcelo Ebrard Casaubón no se reduce a una anécdota familiar ni a una discusión menor sobre percepciones: es un espejo incómodo sobre cómo algunos servidores públicos siguen entendiendo el poder.

El propio funcionario reconoció que su hijo permaneció durante meses en la residencia oficial de la embajada de México en el Reino Unido, en pleno ejercicio de su encargo como canciller. No como visitante ocasional, sino —según reconstrucciones periodísticas— con acceso a servicios propios de la sede diplomática: personal doméstico, manutención, espacio institucional.

La defensa no tardó: no hubo abuso, solo la preocupación de un padre.

Ahí es donde el argumento se desploma.

Porque el problema nunca ha sido la preocupación personal —eso es humano—, sino el uso de una posición pública para resolver lo privado. El cargo no es un privilegio extensible a la familia; es una responsabilidad estrictamente delimitada por la ley. Confundir ambas cosas es, en el mejor de los casos, una falta de criterio. En el peor, una forma normalizada de abuso.

Desde el punto de vista jurídico, el debate no es trivial. El artículo 223 del Código Penal Federal tipifica el delito de peculado: sanciona a quien disponga de recursos públicos para beneficio propio o de terceros. ¿Se actualiza en este caso? Hay voces, como la del especialista Ibrain Hernández, que apuntan más hacia una falta administrativa que a un delito penal.

Pero centrar la discusión en esa disyuntiva —¿peculado o falta administrativa?— es quedarse corto.

Porque incluso si no se acreditara el tipo penal, subsiste algo más profundo: la ruptura del principio de imparcialidad y del deber de probidad en el servicio público, previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El estándar no es solo “no robar”, sino no aprovechar el cargo para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos.

Y aquí el beneficio es evidente: acceso privilegiado a un espacio financiado con recursos públicos, gestionado a partir de una relación jerárquica y sostenido en un contexto en el que ningún ciudadano común habría tenido esa posibilidad.

El problema, entonces, no es técnico. Es ético.

Más preocupante aún es el tono de la justificación: apelar al sacrificio personal durante la pandemia —la búsqueda de vacunas, la carga del cargo— como una suerte de atenuante moral. Esa narrativa no solo evade el fondo del asunto, sino que introduce un argumento peligroso: que el mérito político puede compensar el uso indebido del poder.

No. No puede.

El servicio público no opera bajo lógica de compensaciones personales. Para ello la retribución legal es el salario al cargo, no es una cuenta corriente donde los “logros” permiten retiros privados. Esa idea es precisamente la antesala de la corrupción estructural.

Lo que este caso revela no es una excepción, sino una cultura: la del funcionario que no percibe el límite entre lo público y lo privado, que normaliza los favores institucionales, que considera natural que el aparato del Estado pueda extenderse a su esfera personal.

Ese es el verdadero problema, porque cuando el poder se asume como una ventaja personal, la degradación institucional ya comenzó.

La frase de Josefa Ortiz de Domínguez no debe quedar como adorno, debe ser una advertencia. Y hoy, más que nunca, exige ser tomada en serio.

Si no somos capaces de distinguir entre servir a la patria y servirnos de ella, entonces no estamos frente a casos aislados, estamos frente a un sistema que ha perdido el sentido de la dignidad pública.

Y eso, sin rodeos, es lo verdaderamente grave.