Entre la protesta y la conciencia
- 10 mar
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Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
10-03-2026
Cada año, el 8 de marzo vuelve a poner en el centro del debate público una de las discusiones más complejas de las democracias contemporáneas: la relación entre la protesta social y el orden público.
En México, aunque no existe un artículo constitucional que mencione expresamente el derecho a manifestarse, este se encuentra protegido por dos pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la libertad de expresión prevista en el artículo 6° de la Constitución y el derecho de reunión reconocido en el artículo 9°.
Ambos derechos, entendidos de forma conjunta, permiten que las personas se agrupen en el espacio público para expresar inconformidades, demandas sociales o exigencias políticas.
La manifestación pública, en ese sentido, no es una concesión del poder, sino una forma esencial de participación democrática.
En el plano internacional tampoco existe un estándar único sobre cómo deben regularse las protestas. Sin embargo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha desarrollado diversos criterios que sirven como guía para los Estados: reconocer la protesta como una forma legítima de participación política, garantizar que las restricciones sean excepcionales y asegurar que la respuesta estatal sea proporcional y respetuosa de los derechos humanos.
A pesar de estos consensos mínimos, en la práctica las manifestaciones suelen adoptar formas muy distintas. En el caso de las marchas feministas del 8 de marzo, esa diversidad se expresa de manera particularmente visible.
De manera general, pueden identificarse dos formas predominantes de participación.
La primera es la PROTESTA PACÍFICA Y SIMBÓLICA.
En ella predominan las consignas, los carteles, las performances, los testimonios y las marchas multitudinarias. Su objetivo suele ser visibilizar las demandas, generar conciencia social y construir redes de solidaridad entre mujeres y colectivos. Es una forma de protesta que apuesta por la persuasión social y la movilización colectiva.
La segunda forma corresponde a las acciones más confrontativas, donde suele identificarse la presencia del llamado BLOQUE NEGRO.
En algunas movilizaciones, quienes participan bajo esta forma de protesta realizan intervenciones directas en el espacio público: pintas en monumentos o edificios, consignas en paredes, intervenciones en mobiliario urbano y, en ocasiones, daños a símbolos que consideran representativos del poder o de la impunidad.
Quienes recurren a estas acciones sostienen que buscan visibilizar la gravedad de la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la persistente falta de justicia para las víctimas. Bajo esa lógica, la confrontación no se entiende como un fin en sí mismo, sino como una forma de sacudir la indiferencia social.
La presencia de estas acciones suele generar opiniones profundamente divididas.
Para algunas manifestantes, estas intervenciones ayudan a llamar la atención sobre una realidad que durante años fue ignorada. Para otras, pueden desviar el foco de las demandas principales o provocar que la discusión pública se concentre más en los daños materiales que en la violencia estructural que motiva la protesta.
Pero reducir la discusión a una simple condena o defensa de una u otra forma de protesta suele simplificar demasiado un fenómeno social mucho más complejo.
Ambas expresiones —la protesta simbólica y la confrontativa— responden a lógicas, estrategias y núcleos éticos distintos.
Una apuesta por la construcción gradual de conciencia social; la otra por la ruptura del silencio mediante acciones que incomodan al poder y a la sociedad.
Comprender esa diferencia no implica necesariamente compartir todas sus formas de expresión, pero sí reconocer que ambas surgen de una misma raíz: la exigencia de que la violencia contra las mujeres deje de ser una tragedia cotidiana.
Y esa tragedia sigue siendo brutal.
Los feminicidios, las desapariciones, la violencia sexual y la impunidad continúan siendo una realidad que durante mucho tiempo parecía inimaginable en sociedades que se consideran democráticas. Frente a ello, la tarea pendiente no es menor: construir mecanismos reales, eficaces y permanentes para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Porque al final, la discusión más importante no debería centrarse únicamente en cómo se protesta, sino en por qué se protesta.
Quizá por eso la pregunta más honesta que podemos hacernos no es cuál forma de manifestación es más correcta.
La verdadera pregunta es otra:
¿Con cuál de ellas te identificas tú?
Y más importante aún:
¿Qué estamos dispuestos a hacer —como sociedad— para exigir acciones más firmes, más estables y más efectivas que realmente pongan fin a la violencia contra las mujeres?
Porque mientras esa violencia continúe, la protesta —en cualquiera de sus formas— seguirá teniendo una razón para existir.
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