La justicia no se arbitra con la camiseta puesta
- 14 jul
- 4 min de lectura
Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(07-14-2026)
El Mundial de Futbol 2026 entra en su semana definitiva. Este martes 14 y miércoles 15 de julio se disputarán las semifinales, mientras que la gran final tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio. Después de más de un mes de competencia, solo quedan los partidos que definirán al nuevo campeón del mundo.
Es una buena oportunidad para seguir disfrutando del futbol, pero también para reflexionar sobre algo que ocurre tanto dentro de los estadios como fuera de ellos: la dificultad de aplicar una regla cuando están involucrados nuestros sentimientos.
La norma puede estar escrita con claridad. La jugada puede repetirse desde distintos ángulos. El reglamento puede encontrarse al alcance de todos. Sin embargo, cuando la emoción se transforma en pasión, nuestra capacidad para juzgar objetivamente comienza a disminuir.
Lo hemos visto durante todo el Mundial.
Una falta evidente para los aficionados de un equipo puede resultar inexistente para los seguidores del contrario. Una tarjeta roja puede considerarse exagerada por unos e indispensable por otros. Un fuera de juego de apenas unos centímetros provoca discusiones interminables, incluso después de que la tecnología ha trazado las líneas correspondientes.
Hasta el VAR, creado precisamente para reducir los errores arbitrales, termina siendo cuestionado.
¿Cómo es posible que dos personas observen exactamente la misma jugada y lleguen a conclusiones completamente distintas?
La respuesta está en que nadie mira una jugada desde un punto absolutamente neutral. Cada espectador la observa a partir de sus antecedentes, preferencias, simpatías, rivalidades, experiencias y deseos. No vemos únicamente lo que sucedió: también vemos lo que esperábamos, temíamos o necesitábamos que sucediera.
El aficionado no analiza solamente la posición del pie, la intensidad del contacto o la trayectoria del balón. Inconscientemente, también toma en cuenta el color de la camiseta, el marcador, el minuto del partido y las consecuencias que tendrá la decisión.
La misma entrada que parece brutal cuando la comete el rival puede parecernos accidental cuando la realiza un jugador de nuestro equipo.
Eso no necesariamente nos convierte en personas deshonestas. Simplemente nos vuelve seres humanos. El problema comienza cuando confundimos nuestra percepción con la verdad y pretendemos que las reglas solo son justas cuando favorecen nuestros intereses.
Del estadio al tribunal
Algo semejante ocurre en los procesos judiciales.
Las partes involucradas en un juicio observan los mismos hechos desde posiciones diferentes. Cada una destaca los acontecimientos que fortalecen su pretensión, interpreta las pruebas conforme a sus intereses y propone la aplicación de las normas que considera más conveniente.
Una persona puede estar absolutamente convencida de que tiene la razón y, al mismo tiempo, encontrarse jurídicamente equivocada.
En los tribunales también existen relatos contrapuestos, imágenes incompletas y distintas formas de interpretar una misma conducta. Hay documentos, testimonios, peritajes, precedentes y normas. Sin embargo, ninguno de esos elementos habla por sí solo. Todos deben ser examinados, relacionados y valorados dentro del proceso judicial.
Las partes tienen derecho a defender con firmeza su propia versión. No se les exige neutralidad. Al juzgador sí.
Por eso la función judicial resulta particularmente delicada. Quien decide un conflicto debe escuchar todos los argumentos sin adoptar como propia la pasión de ninguno de los contendientes. Debe separar las afirmaciones de las pruebas, las emociones de los hechos y la presión pública de la norma aplicable.
Así como un árbitro no puede sancionar una falta de acuerdo con el ruido del estadio, un juzgador no puede resolver conforme a la popularidad de una causa, la identidad de las partes, las tendencias en redes sociales o la conveniencia política del momento.
Tampoco puede hacerlo para evitar críticas.
La sentencia jurídicamente correcta no siempre será la más popular. En ocasiones, ni siquiera será comprendida de inmediato. Precisamente por eso debe encontrarse sustentada en razones públicas, verificables y sujetas a revisión.
La independencia judicial no significa que los jueces puedan hacer lo que quieran. Significa exactamente lo contrario: que deben resolver conforme al derecho, sin obedecer instrucciones, amenazas, recompensas, campañas, intereses particulares o presiones externas.
Para que ello sea posible se requieren, al menos, dos condiciones estrechamente relacionadas. La primera es la autonomía judicial, entendida como la capacidad institucional del Poder Judicial para organizarse, administrar sus recursos y cumplir sus funciones sin encontrarse subordinado a intereses políticos, económicos o particulares. La segunda es la independencia judicial, que protege la libertad y el deber de cada juzgador de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento exclusivamente con base en las pruebas y en las normas aplicables.
La autonomía tiene, por tanto, una dimensión institucional; la independencia, una dimensión funcional y personal. La primera protege al sistema judicial frente a interferencias externas. La segunda protege al juzgador en cada decisión concreta.
Por eso son tan delicados los mecanismos de nombramiento, permanencia y responsabilidad de quienes imparten justicia. Los jueces, como los árbitros, necesitan el respaldo institucional y social suficiente para decidir con libertad, incluso cuando sus determinaciones resulten incómodas o contrarias a las expectativas de una parte de la sociedad.
Esa estabilidad no debe verse como un privilegio personal, sino como una garantía para todos los ciudadanos. Su finalidad es impedir que el juzgador pueda ser amenazado, castigado o removido por haber emitido una resolución jurídicamente correcta, aunque políticamente impopular.
Un bien público que debemos cuidar
Sigamos disfrutando de la última semana del Mundial. Apoyemos, discutamos y celebremos con pasión.
Pero, más allá del futbol y de nuestras preferencias personales, seamos sensatos: cuidemos la autonomía y la independencia de nuestro sistema judicial. Porque, cuando llegue el momento de necesitarlo, todos querremos encontrar un árbitro que no lleve puesta la camiseta de ninguno de los contendientes.
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