Entre el derecho a protestar y el derecho a vivir en paz
- Redacción
- hace 5 días
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Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(11-25-2025)
México vive días tensos. Transportistas bloqueando carreteras por la violencia imparable. Familias marchando por el asesinato de políticos. Campesinos reclamando precios justos y apoyos que nunca llegan. Son expresiones distintas de un mismo fenómeno: la protesta como último recurso de ciudadanos que ya no encuentran respuesta en los canales institucionales.
La pregunta no es si pueden protestar. La pregunta es por qué tienen que llegar a ese punto.
Protestar es un derecho, no un favor
El derecho de manifestación está reconocido en la Constitución y protegido por tratados internacionales. Es un derecho humano esencial en cualquier democracia: sin protesta no hay contrapesos sociales, no hay vigilancia ciudadana ni posibilidad real de exigir cuentas.
Pero este derecho no vive en el vacío. También existe el derecho de las personas a circular, trabajar, transitar en paz y sin miedo. La discusión no es de derechos contra derechos, sino de cómo el Estado equilibra ambos sin aplastar ninguno.
Cuando la protesta deja de ser protesta
Las manifestaciones violentas, los saqueos y la destrucción de comercios no son “formas alternativas de expresión”. Son delitos. Y deben ser condenados sin matices.
Quien justifica la violencia social olvida que los primeros afectados no son las élites, sino otras personas igual de vulnerables: pequeños comerciantes, trabajadores que no pueden llegar a casa, familias atrapadas en medio del caos.
Pero reducir todo a “vándalos” también es simplista: la violencia es, muchas veces, el síntoma de una olla de presión social que el Estado ignoró durante demasiado tiempo.
¿Son ilícitas las protestas cuando no hay canales institucionales?
No. Ilícito es que el Estado no garantice canales efectivos para presentar demandas, denunciar abusos o exigir seguridad. Lo que vemos hoy no son ciudadanos que “no respetan la ley”. Son ciudadanos que ya no confían en que la ley les sirva de algo.
Las protestas desbordadas son, en realidad, un termómetro político. Y están marcando fiebre.
¿y el gobierno?
Cuando sectores tan distintos —transportistas, campesinos, familias, trabajadores— protestan por razones de vida o muerte, el mensaje es claro: el pacto social está debilitado.
No es casual que estas manifestaciones crezcan en un país con violencia récord en carreteras, asesinatos de candidatos y alcaldes, desapariciones constantes, productores asfixiados e instituciones saturadas o indiferentes.
Las protestas se vuelven más intensas cuando la gente siente que nadie los escucha.
¿Cómo protestan otros países?
En Europa, Estados Unidos o Latinoamérica hay de todo – protestas masivas y pacíficas (Francia, Chile, Corea del Sur),– movimientos que paralizan ciudades enteras (España, Argentina), – y, en casos extremos, estallidos violentos cuando la frustración rebasa el límite.
La diferencia está en la capacidad del Estado para garantizar espacios seguros donde la protesta pueda ocurrir sin criminalizarla, y sin que se convierta en un campo de batalla.
El equilibrio necesario
Un Estado democrático tiene dos tareas simultáneas:
Asegurar que cualquier persona pueda protestar libremente, sin represiones, sin hostigamiento y sin miedo.
Proteger los derechos de terceros: libre tránsito, integridad, propiedad, servicios esenciales.
Ese equilibrio se logra con reglas claras: rutas seguras de manifestación, acuerdos previos con autoridades, diálogo constante, cuerpos policiales capacitados para contener sin reprimir, sanción estricta a quien cometa delitos durante la protesta, y, sobre todo, instituciones que atiendan las causas, no solo los efectos.
Lecciones que dejan estas protestas
La violencia social no aparece de la nada. Es el reflejo de problemas reales que no fueron atendidos, criminalizar la protesta solo agrava la crisis. La gente no se calla porque la amenacen; se desespera más. La protesta pacífica debe ser protegida como un bien democrático, la protesta violenta debe ser contenida y sancionada, el Estado debe reconstruir canales de escucha. Sin participación, no hay legitimidad; la seguridad y la justicia no pueden seguir siendo privilegios.
Una sociedad que protesta es una sociedad viva. Una sociedad que deja de protestar es una sociedad rota.
@AlfonsoVerduzco
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