Orgullo hidalguense, impacto hemisférico

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(02-16-2026)

La abogada hidalguense Ana Dulce Aguilar García fue designada Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para el periodo 2026–2029 y asumió funciones el 1 de enero de 2026. No se trata de un nombramiento simbólico: encabeza uno de los organismos técnicos más influyentes en la transformación de los sistemas de justicia del continente.

CEJA no es un observador pasivo. Es una entidad intergubernamental creada por la Organización de los Estados Americanos, en el marco del Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas. Tiene autonomía técnica y operativa, y su misión es concreta:

·         Fortalecer capacidades de operadores de justicia.

·         Promover cooperación técnica entre países.

·         Impulsar reformas y modernización de los sistemas judiciales del continente.

Desde su creación en 1999, CEJA ha acompañado reformas procesales en más de treinta países y capacitado a miles de operadores. Mide, compara y evalúa. Y eso, en materia de justicia, es poder transformador.

Por eso importa quién lo dirige.

Ana Dulce Aguilar García no llega por improvisación. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central (Budapest), con especialización en derecho constitucional y tutela de derechos humanos por la Universidad de Pisa. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con certificación en reforma procesal penal y sistema acusatorio por el propio CEJA, así como formación en perspectiva de género, análisis criminal y prevención de lavado de dinero. Ha trabajado en implementación y consolidación del sistema penal acusatorio en México y en otros países de América Latina.

Que una jurista de Hidalgo encabece un organismo hemisférico de esta magnitud no es un gesto simbólico; es un mensaje: el talento local puede tener impacto continental cuando se combina preparación rigurosa con visión pública.

Pero la relevancia de CEJA no se mide solo por su estructura institucional, sino por el peso de su evidencia.

En un artículo reciente, la doctora Mildred Molineros —Doctora en Jurisprudencia y máster en Mediación y Gestión de Conflictos por la Universidad Internacional de Valencia— retomó datos provenientes de estudios de CEJA que, aunque conocidos, siguen siendo alarmantes: los sistemas judiciales de América Latina y el Caribe reciben más causas de las que logran resolver. El resultado es una congestión estructural persistente.

No es un problema coyuntural. Es tendencia regional.

El informe 2025 de CEJA, Rediseñando los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, advierte que, pese a más de tres décadas de reformas, los mecanismos alternativos siguen siendo secundarios frente al proceso judicial tradicional. El conflicto continúa llegando primero al juzgado. Y sin datos sistemáticos que midan cumplimiento y efectividad de acuerdos extrajudiciales, es difícil rediseñar políticas públicas eficaces.

Ahí está el punto neurálgico: la justicia no colapsa solo por falta de presupuesto; también colapsa por cultura litigiosa y por ausencia de información estratégica.

CEJA ha puesto números a lo que muchos intuían. Y esos números obligan a actuar.

La llegada de una directora con formación en derechos humanos, sistema acusatorio y fortalecimiento institucional abre una oportunidad. No solo para mantener el estándar técnico del organismo, sino para profundizar el tránsito hacia sistemas más ágiles, más medibles y más accesibles.

Porque la brecha entre norma y realidad no se cierra con discursos. Se cierra con datos, cooperación regional y políticas públicas sostenidas.

El llamado es claro.

A los operadores jurídicos: asumamos la responsabilidad de transformar la cultura del conflicto. Impulsemos mecanismos alternativos reales, medibles y eficaces. Exijamos datos. Produzcamos evidencia.

A los gobiernos: la justicia regional no es un tema accesorio ni diplomático. Es infraestructura democrática. Apoyar procesos de modernización no es un gasto; es inversión en estabilidad institucional.

La justicia en América Latina no necesita más diagnósticos aislados. Necesita coordinación, compromiso y liderazgo técnico.

Ese liderazgo comienza un nuevo ciclo en 2026.

Enhorabuena por la designación de la nueva Directora. El nombramiento representa una oportunidad estratégica para la región. Ahora corresponde a todos estar a la altura.

En X @AlfonsoVerduzco