Fin de ciclo: la Suprema Corte que se despide y la incertidumbre que comienza

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(08-19-2025)

La reforma constitucional de 1994 marcó un antes y un después en la justicia mexicana. A partir del 1 de enero de 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició actividades con una nueva integración: un Pleno de 11 ministros y dos Salas especializadas, modelo que se mantuvo por tres décadas y que permitió un reparto técnico de la carga de trabajo entre asuntos constitucionales, civiles, penales y administrativos.

Treinta años después, y de manera paralela, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —que inició funciones el 2 de febrero de 1995— también concluye su ciclo institucional. En su lugar, la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 da paso a un Consejo de Administración Judicial pluralmente integrado y a un Tribunal de Disciplina Judicial, encargados de las tareas administrativas y de control interno.

Con este rediseño, la SCJN se transforma en un tribunal más reducido, integrado sólo por nueve ministros y sin las dos Salas especializadas. El desafío es inmediato y mayúsculo: el Pleno tendrá que resolver por sí mismo miles de asuntos pendientes, que antes eran procesados con apoyo de las Salas. Se estima que al cierre de este ciclo quedaban alrededor de 8,000 expedientes en trámite, lo que anticipa un riesgo de saturación y de rezagos difíciles de superar en un tribunal que ahora funcionará de manera colegiada y concentrada.

La reforma se presentó con el discurso de acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, los comentarios han sido en su mayoría negativos. Asociaciones de jueces, magistrados y académicos advirtieron que la elección popular de juzgadores, lejos de reforzar la independencia, los expone a las dinámicas partidistas y a la lógica electoral. Organismos internacionales en la región también han señalado los riesgos: la posibilidad de contar con jueces “sumisos al poder público” y de ver comprometida la autonomía judicial frente a intereses políticos inmediatos.

El cierre de la etapa que se va no está exento de sombras. No se puede pasar por alto que algunos titulares judiciales se transformaron en figuras despóticas, insensibles e incluso inhumanas. Amparados en la idea de que haber aprobado un examen de memorización de conceptos jurídicos los colocaba como seres superiores, se desconectaron de la realidad social y económica del país. Esa cultura de distanciamiento alimentó la percepción de un Poder Judicial inaccesible, lejano y elitista, lo que debilitó la legitimidad de la institución.

Pese a ello, la justicia debe mantener un significado profundo y valioso para la sociedad. No puede quedar como privilegio de unos cuantos iluminados, sino como un servicio público exigible. Ese debe ser el punto de partida del nuevo ciclo: reconstruir la cercanía con la ciudadanía y reafirmar que la justicia no se mendiga, se garantiza.

El deseo social, aunque cargado de pesimismo por los excesos y despropósitos de la reforma, sigue siendo el mismo: que quienes trabajamos en el Poder Judicial de la Federación mantengamos el compromiso de fortalecer la institución y dar lo mejor en beneficio del país.

Todo está por verse. El reto es enorme. Desde dentro, corresponde a juezas, jueces, ministras y ministros reconstruir legitimidad y eficiencia. Desde fuera, la ciudadanía debe ejercer presión constante, exigir rendición de cuentas y no permitir que el servicio público de impartir justicia se diluya en discursos políticos o intereses partidistas.

En breve, a partir del primero de septiembre se cierra un ciclo de tres décadas y se abre otro cuyo desenlace es incierto. Lo que está en juego no es la comodidad de quienes imparten justicia, sino la esencia misma de la independencia judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia mexicano.

En realidad, lo que México necesita no es solo un relevo de rostros en la Suprema Corte, sino una reforma integral de la justicia que abarque la mejora de los procesos, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales —juzgados de distrito y tribunales colegiados— hoy en día claramente saturados, y un rediseño en materia penal donde el reto es mayúsculo frente a fiscalías que no responden a la realidad social. De lo contrario, se corre el riesgo de alimentar la falsa idea de que el cambio de una persona por otra traerá consigo transformaciones significativas, cuando lo verdaderamente urgente es una mayor inversión social y presupuestaria en la administración e impartición de justicia.

Basta recordar un dato que desnuda la precariedad del sistema: México se encuentra muy por debajo del estándar internacional en el número de jueces por cada mil habitantes, al cierre de 2023, México contaba con apenas 5.1 personas juzgadoras por cada 100 000 habitantes, lo que refleja la enorme distancia entre lo que se ofrece institucionalmente y lo que realmente exige una sociedad democrática que aspira a vivir en un Estado de derecho.

@AlfonsoVerduzco