La nueva Corte sin Salas: entre la promesa de eficiencia y el riesgo de cuellos de botella

Entre la norma y la justicia

Alfonso Verduzco

(09-23-2025)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó una etapa inédita: nueve integrantes, desaparición de Salas y funcionamiento exclusivo en Pleno. La justificación oficial es contundente: la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 redujo la integración de 11 a 9 ministras y ministros y extinguió las Salas; a partir de ello, la Corte expidió un nuevo Reglamento de Sesiones que ordena el trabajo semanal y acota tiempos de intervención para ganar agilidad. El propio documento reconoce que, históricamente, el Pleno ha sido menos productivo que las Salas y, por eso, propone ingeniería de agenda y de tiempos para evitar que el cambio derive en rezagos mayores.

El rediseño operativo es el corazón de la apuesta. Desde el 1 de septiembre de 2025, las sesiones ordinarias del Pleno se celebran, por regla general, de lunes a jueves; de manera excepcional, podrán convocarse viernes u otros días. La novedad no es solo de calendario: lunes y martes se reservan para los asuntos de control constitucional —acciones y controversias, declaratorias generales, contradicciones de criterios, constitucionalidad de consultas populares y ciertos incidentes derivados de amparo—; miércoles y jueves se concentran las materias tradicionalmente vistas en Salas (penal, civil, administrativa y laboral) y, además, los recursos de revisión en materia de seguridad nacional de la Ley General de Transparencia. La Corte también habilitó “sesiones extraordinarias en territorio”, es decir, fuera de la sede, para casos de alto impacto social.

No es un capricho de agenda: el propio Reglamento explica el porqué. Entre 2011 y 2023, cada Sala resolvió más de 63 mil asuntos; el Pleno, “poco más de cuatro mil”. Hasta marzo de 2025, el Pleno ya ocupaba más días de sesión que las Salas, pero, aun así, resolvía menos. La reforma, al concentrar TODO en el Pleno, obliga a corregir el talón de Aquiles: discusiones extensas, desvíos procesales y falta de foco en el fondo. De ahí los límites a exposiciones, la organización por materias y la publicación de listas con, al menos, tres días de anticipación. Si esta ingeniería funciona, podría evitarse el cuello de botella que muchos pronosticaron cuando se anunció la desaparición de Salas. Si no, el país enfrentará rezagos y, con ello, el riesgo de contradicciones y caos interpretativo.

PRIMERAS SEÑALES DESDE EL PLENO

Los primeros días ofrecieron una radiografía útil. En la sesión inaugural (11 de septiembre), la nueva integración resolvió 3 de 15 asuntos enlistados. En lo sustantivo, matizó la doctrina sobre consulta previa a personas con discapacidad: en vez de desencadenar automáticamente la invalidez por falta de consulta, el Pleno se movió hacia un análisis caso por caso del procedimiento legislativo. En lo procedimental, hubo tropiezos: se alteró el orden temático que el propio Reglamento había fijado y se desbordaron los tiempos establecidos para cada intervención. La foto combina ambición de cambio con inercias de siempre.

En su segunda sesión pública, el Pleno dedicó casi tres horas a un tema sensible, pero poco glamuroso: la proporcionalidad de las cuotas por copias certificadas y reproducción de información pública en leyes de ingresos municipales (Michoacán, Durango, Guerrero, Colima). La mayoría estimó que los cobros eran desproporcionados frente a costos reales; hubo disensos relevantes. Más allá del expediente concreto, la señal es que la Corte seguirá apuntalando estándares de razonabilidad tributaria y de acceso a la información en el ámbito local. La versión taquigráfica consigna, incluso, las cifras: hay municipios que cobran más de 300 o 400 pesos por copia certificada.

GOBERNANZA DE LA SESIÓN: DISCIPLINA O NADA

La clave del nuevo modelo no está en la cantidad de sesiones sino en su gobernanza. El Reglamento asigna roles nítidos a la Presidencia para conducir el debate, fija tiempos y ordena el listado por afinidad temática para permitir debates “en paquete” cuando hay consenso. También obliga a publicar listas de asuntos con antelación y prevé audiencias públicas y sesiones itinerantes para acercar la justicia a colectivos, pueblos y comunidades. Si el Pleno respeta estas reglas —y si la Presidencia las hace valer—, veremos decisiones más predecibles y rápidas; si no, el Pleno puede convertirse en una tormenta perfecta de procedimientos que se comen el fondo.

La expectativa pública ya está calibrada: hay más de 600 asuntos relevantes en la tubería —acciones, controversias, contradicciones de criterios, recursos de revisión en transparencia— y un mandato informal de acortar plazos. El periodismo especializado ha recogido bien la paradoja: la nueva Corte quiere ser más eficiente, pero sus primeras sesiones aún muestran exposiciones largas y un lenguaje técnico. La vara, por tanto, sube: la ciudadanía espera claridad, consistencia y resultados.

ENTORNO POLÍTICO Y PRESUPUESTAL: MENOS MARGEN DE ERROR

A la complejidad técnica se suma el termómetro político. El Ejecutivo ha pedido al Congreso ajustar a la baja el presupuesto del nuevo Poder Judicial para 2026, reavivando el debate sobre autonomía y suficiencia financiera justo cuando el rediseño institucional requiere inversiones en gestión, digitalización y comunicación judicial. En un esquema sin Salas, con sesiones itinerantes y mayor exposición pública, recortar márgenes puede tener costos en tiempos de resolución y calidad de decisiones.

El debut dejó luces y sombras: resoluciones relevantes en proporcionalidad de tributos municipales y transparencia frente a alegatos de seguridad nacional; a la vez, tropiezos de orden y de disciplina temporal. En la próxima quincena, la pregunta no es si el Pleno puede trabajar cuatro días seguidos, sino si es capaz de sostener —semana a semana— foco, método y un lenguaje que la ciudadanía entienda. De esa respuesta dependerá que la reforma se traduzca en certeza y no en un laberinto procesal de buena intención, pero de baja productividad.

COMITÉS DE MINISTRAS Y MINISTROS

Un movimiento adicional para evitar que la desaparición de las Salas paralice la operatividad del Pleno fue la creación de Comités de ministras y ministros, regulados en el Acuerdo General 12/2025. Estos comités se conciben como mecanismos formales de apoyo técnico y deliberativo, destinados a mejorar la eficiencia operativa, ordenar la gestión interna y fortalecer la deliberación especializada en materias jurisdiccionales y administrativas. Aunque sus sesiones no serán públicas, la Corte argumenta que con ellos se busca institucionalizar prácticas colegiadas que respeten la naturaleza colectiva de la institución y garanticen mayor transparencia en el resultado de sus funciones.

@AlfonsoVerduzo